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El organismo de control ya abrió dos investigaciones preliminares tras recibir las denuncias a través del “Módulo de Investigaciones Electrónicas” sobre supuestas irregularidades en el marco del procedimiento de licitación pública nacional para la “contratación de servicios para la seguridad social de los funcionarios del Ministerio de Hacienda”.
Una primera investigación preliminar fue abierta con las denuncias ingresadas a la institución como casos 44/23 y 57/23, que comunicó a Hacienda con una nota del 6 de marzo; luego abrió una segunda investigación preliminar con las denuncias que ingresaron como casos 88/23 y 90/23, apertura que comunicó a Hacienda, también por nota, el 3 de abril último.
En ambos casos, la DNCP solicitó a la cartera fiscal, a los efectos de clarificar lo referido en las denuncias, que justifique lo expresado en la misma e informe el estado del procedimiento de contratación, otorgando en su momento un plazo de tres días hábiles para que remita las documentaciones pertinentes.
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A través de esta última nota, Contrataciones señala a Hacienda que “este juzgado de instrucción considera que se encontrarían irregularidades atinentes al mismo llamado y la misma convocante, por lo que este juzgado de instrucción considera conveniente que sean sustanciadas conjuntamente, por lo que se ordena su acumulación”.
La nota lleva la firma de Juan David Vera, del departamento de investigaciones de la DNCP y de María Eugenia Otazo Aponte, directora general de asuntos jurídicos de la DNCP.
Mientras se sustancia estas investigaciones preliminares en la DNCP, la licitación de Hacienda está en una etapa de revaluación de las ofertas y, paralelamente, con un llamado de urgencia para la contratación de un servicio de salud por cuatro meses.
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Además, el proceso está igualmente bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR), que también abrió una investigación ante denuncias de supuestas irregularidades.
La CGR ya recibió los documentos que había solicitado a la cartera y en un plazo de 30 días estaría emitiendo algún dictamen, aunque las autoridades señalaron que podría ser inclusive antes, dependiendo del avance de los trabajos.
Adjudicación anulada
Hacienda adjudicó la licitación a fines de enero al Consorcio Salud SD, por G. 61.966 millones (US$ 8,5 millones), servicio que entró en vigencia el 14 de febrero pasado.
La otra firma participante de la licitación, Santa Clara S.A Medicina Prepaga, presentó una protesta ante la DNCP y pidió la anulación por supuestas irregularidades, a la que el organismo estatal hizo lugar a inicios de marzo.
La DNCP dispuso que Hacienda haga una reevaluación de las ofertas y dio un plazo de 20 días corridos, posteriormente lo amplió por otros 20 días y en todo este periodo autorizó la continuidad del servicio de salud para los funcionarios.
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Hacienda, por su parte, el 1 de abril último hizo un llamado en forma paralela, por la vía de excepción, para la contratación del seguro médico por el plazo de cuatro meses, para garantizar la continuidad del servicio mientras dure la reevaluación.
La única firma que presentó oferta fue Reyva S.A, por un monto de G. 9.188 millones (US$ 1,2 millones), que ahora está en proceso de evaluación. Según indicaron desde Hacienda, este contrato se activará solo en el caso de que la primera licitación se declare desierta.