10 de junio de 2026

El Gobierno puso en marcha restricciones para frenar el crecimiento del gasto público durante 2026, con lo cual estima que podría contener hasta G. 1,6 billones (US$ 262 millones) de su plan de gastos. Una medida que forma parte de la “Economía de guerra” para reducir las presiones sobre el déficit fiscal.

El Consejo de Administración del IPS autorizó esta mañana el uso de la tienda virtual de Contrataciones Públicas para la compra de insumos institucionales. La medida busca agilizar el abastecimiento médico mediante un catálogo electrónico con precios preauditados, reduciendo la burocracia de las licitaciones tradicionales y optimizando los tiempos operativos para garantizar transparencia.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral enfrenta críticas por su polémica decisión de eximir al Consorcio Comitia MSA de sanciones tras evidencias de manipulación en las pruebas para la licitación de máquinas de votación, un contrato valuado en casi US$ 35 millones.
A fines de 2024, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) llamó a una licitación pública para comprar 28.000 máquinas de votación a ser usadas en las elecciones internas simultáneas del 7 de junio de 2026 y en las municipales del 4 de octubre siguiente. Su comité evaluador de las ofertas constató que, durante las pruebas técnicas del 17 de julio de 2025, el Consorcio Comitia-MSA, filial de Magic Software Argentina (MSA), “alteró sustancialmente” la muestra, al reemplazar la pantalla de uno de los cinco aparatos presentados por una que dos días antes había sido ingresada como accesoria. Según el comité, tal circunstancia modificó la máquina de votación, sin que ella haya sido sometida a las pruebas de rigor. El citado consorcio fue descalificado, pero apareció, como única oferente, en otra licitación convocada para arrendar 18.000 máquinas de votación.

La Justicia Electoral admitió, finalmente, la flexibilización en el pliego de bases y condiciones para el alquiler de máquinas de votación luego de fracasar en la primera convocatoria para la compra. Casualmente, los cambios limpiaron el camino para el Consorcio Comitia MSA –que, según Asuntos Jurídicos de la DNCP, habría intentado incidir en la decisión técnica anterior–, permitiéndole pasar del rechazo a quedarse con un contrato de casi US$ 35 millones por los 18.000 equipos a ser usados en las próximas elecciones internas y municipales.

Pese a la alteración detectada en las muestras presentadas durante una licitación cancelada de máquinas de votación, el TSJE defendió su decisión de no ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta ni denunciar ante Contrataciones Públicas al Consorcio Comitia MSA. La institución sostuvo que la oferta irregular nunca fue evaluada técnicamente y que, por tanto, no se configuraron los requisitos legales para considerar daño o dolo.