Astelev de Simón Recalde, empresa unipersonal denunciada por supuestamente falsificar certificados para quedarse con un millonario contrato del Congreso Nacional para la provisión e instalación de ascensores, figura como la favorita desde 2020. A partir de ese año suma siete acuerdos que totalizan en forma global G. 5.004 millones. De ese monto más de G. 2.433 millones se destinaron SOLO a mantenimientos y reacondicionamientos. Lo llamativo es que en ese lapso se registraron más percances con los elevadores.
El Ministerio del Interior planea invertir más de G. 81.000 millones en la provisión y monitoreo de las tobilleras electrónicas. El jugoso contrato en puertas despertó el interés de empresas mimadas. Se adelantó que mañana se conocerá la firma proponente adjudicada.
Cinco oferentes se presentaron al llamado a licitación del Ministerio del Interior, para la provisión de tobilleras electrónicas. Estos equipos serán utilizados por personas procesadas con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción. El contrato es por un monto máximo de más de G. 81.000 millones. Uno de los oferentes cotizó cada tobillera en G. 1.200.000, mientras que la oferta más cara fue de G. 2.191.449 cada una.
La DNCP concluyó la investigación de oficio de la millonaria adjudicación de Petropar para la limpieza de sus oficinas. La estatal benefició a la firma Faluci SA, que sería “de maletín”, e incluso habrían fraguado un acuerdo de venta de acciones de una funcionaria pública que aparecía en la directiva de la firma, según la declaración jurada que presentó la empresa.
Finalmente, la DNCP concluyó la investigación de oficio de la millonaria adjudicación de Petropar para la limpieza de sus oficinas. La estatal benefició a la firma Faluci SA, una empresa que “funciona” en una humilde edificación, que sería “de maletín”. A pesar de las graves denuncias, el organismo manejado por Agustín Encina “no vio” las irregularidades.
La Dinac hace un llamado a licitación para la compra de sillas y escritorios, donde tienen previsto gastar más de G. 1.797 millones. Entre los requisitos, resalta que los oferentes interesados deben tener una facturación similar o superior en los 5 últimos años a lo presupuestado. También resalta la referencia de cada módulo de silla de espera para cuatro personas a un costo de G. 42.781.613. Empresas locales no tendrían participación en el llamado.