Gremios celebran promulgación de ley que prohíbe tragamonedas en comercios de libre concurrencia

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 938 con el cual reglamentó la Ley N° 6903/2022 que establecen medidas de protección a los menores de edad ante la influencia de las máquinas tragamonedas. Gremios de juegos de azar celebraron el mensaje político de combatir la explotación clandestina y proteger a la población vulnerable de la exposición y posible desarrollo de la adicción a las apuestas (ludopatía).

Entre las principales disposiciones de la ley está que se estipula específicamente la prohibición de la puesta en operación de esos aparatos en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bares, bodegas, despensas y otros. Esta medida ya se encuentra vigente con la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, y ahora se reglamenta medidas de control y monitoreo de la recaudación de las máquinas en comercios habilitados por los municipios y las sanciones.

Lorena Rojas, de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), celebró al decisión del presidente Santiago Peña y puntualizó que ahora el desafío es cumplir con lo que establecen las normativas vigentes. Lamentó que la reglamentación llega años después de que en las calles se encuentren abarrotadas de tragamonedas y pidió mano dura al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras.

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“Hoy se ha normalizado que un niño se encuentre jugando en una máquina electrónica tragamonedas en un comercio, para nadie resultó ser grave, se ha normalizado esta situación”, comentó.

Añadió que “celebramos la decisión del presidente de la Conajzar de llevar adelante esta reglamentación, hemos tenido audiencia pública en Conajzar con empresarios y valoramos que el sector privado sea escuchado”.

Por otra parte, puntualizó la importancia de que se cumplan las disposiciones, y así, se logre la erradicación de las tragamonedas en las calles, tal como se logró en otros países.

Lo que dice el decreto que reglamenta las tragamonedas

Rojas resaltó que la ley de tragamonedas establece monitoreo y control de la recaudación de las tragamonedas como medida para dar trazabilidad al dinero, y ahora con este decreto, recalca que los municipios deberán informar todos los comercios exclusivos de juegos de azar de máquinas electrónicas (excepto los casinos) deberán informar a la Conajzar cuántas son y el canon que cobran.

Asimismo, se deberá adaptar al software para un control en línea de la recaudación y entrega de premios.

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También se estipula que esos comercios deben ser recintos cerrados y con entrada restringida, con carteles visibles de prohibición de ingreso a menores de edad. En caso de que se viole las disposiciones, las autoridades deberán incautar y destruir las máquinas, y el infractor se expone a la aplicación de multa equivalente a un salario mínimo vigente, el cual se duplicará y triplicará, sucesivamente.

Antes de la destrucción, se realizará un inventario de las fichas, monedas y créditos que se encuentren en cada máquina, información que constará en acta. No se aprecia qué se realizará con ese dinero, si quedaría para el municipio o a cargo de Conajzar, o se podrá devolver al propietario de las máquinas.

La recaudación de esas multas serán destinada al tratamiento de menores edad que hayan caído a la adicción a las apuestas, control y cobro a cargo de los municipios. El local comercial infractor se expone al cierre de su comercio y en caso de reincidencia, la cancelación de su patente comercial.

Para la destrucción de las máquinas, se deberá contemplar en su plan de gestión integral de residuos solidos, con parametros sostenibles vigentes en la materia.

Además, la Consejería por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada municipio incluirá en sus capacitaciones sobre los efectos nocivos de la ludopatía y promoverá la denuncia en su canal de Servicio de Atención Telefónica 147- Fono Ayuda.

El decreto dice que para su redacción del decreto, se dio participación por escrito a las siguientes instituciones:

1. Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
2. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
3. Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de de Educación y Ciencias (MEC)
4. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)
5. Ministerio de Interior
6. Organización de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para su comunicación a los municipios.

Antecedentes

Cabe recordar que la propuesta fue sancionada en el Congreso Nacional en 2022, luego tras denuncias periodísticas sobre un nuevo intento de “legalizar” tragamonedas, pues ya se había intentado en 2011 sin éxito. El “negocio” de Conajzar tenía una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones al mes, al cobrar canon por las máquinas habilitadas en comercios prohibidos por la ley de juegos de azar.

El trabajo de “legalización”, Conajzar, bajo la presidencia de José Antonio Ortiz había firmado un contrato con la empresa iCrop, de Lucy Sy. La firma se iba a quedar con el 70% de la recaudación, unos US$ 1,5 millones, pues la expectativa era recaudar canon por 50.000 tragamonedas.

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La senadora Esperanza Martínez había denunciado ante la Fiscalía que se trataría de la creación de una estructura para lavado de dinero y obtención ilícita de recursos, razón por la que los exdirectivos de Conajzar fueron procesados.