tragamonedas

Tres de los ocho procesados por el caso Conajzar cuestionaron la acusación y pedido de juicio oral de la Fiscalía, que derivó en la suspensión de la audiencia preliminar que debía desarrollarse hoy, ante el juez Humberto Otazú. Todo esto en el marco de las investigaciones de presuntos hechos punibles en gestiones de tragamonedas, quiniela y reducción del canon.

Acusados por presuntos hechos punibles en la gestión de la Conajzar siguen en sus cargos públicos, no se los sumarió ni apartó, según confirmó a ABC la Secretaría de la Función Pública (SFP). La ley 1626 establece que deben ser separados de sus puestos los funcionarios con imputación.

El juez Humberto Otazú fijo para el 8, 9 y 10 de agosto próximo para desarrollar la audiencia preliminar para los siete acusados en los casos de tragamonedas, quiniela y reducción del canón, aparentes hechos de corrupción que salpica a autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

El diputado José Rodríguez planteó al pleno solicitar informes a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) referente a la falta de reglamentación de la ley de tragamonedas promulgada hace tres meses. El plazo para establecer las reglas del juego venció hace días.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) comunicó a los municipios que está prohibido el uso de tragamonedas en comercios de libre concurrencia, conforme a la nueva ley que regula esas máquinas. Sin embargo, se contradice y mantiene vigente su contrato con la firma iCrop, de “legalización” del juego en esos sitios.