La administración financiera del Estado paraguayo se estructura en torno a un aspecto clave para el funcionamiento de las instituciones: la asignación del Plan de Caja. Este instrumento determina cuánto pueden ejecutar las entidades públicas dentro de los límites del presupuesto aprobado, y su análisis permite comprender las prioridades, tensiones y capacidades reales del sector público en el corto y mediano plazo. Conforme con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la información disponible para el periodo enero–octubre de 2025 revela diferencias importantes en la ejecución, según el tipo de financiamiento y el comportamiento de las instituciones que reciben los recursos.
El punto de partida para interpretar los datos es comprender la naturaleza de cada Fuente de Financiamiento:
FF10 – Recursos del Tesoro: son los fondos más sensibles, ya que dependen de la disponibilidad de ingresos tributarios y del plan financiero aprobado. Su asignación responde directamente a las solicitudes de las organizaciones del Estado (OEE), lo que otorga un margen acotado de maniobra y obliga a priorizar gastos esenciales.
FF20 – Recursos del Crédito Público: al provenir de endeudamiento, no presentan restricciones de disponibilidad inmediata. Las solicitudes del Plan de Caja bajo esta fuente pueden ser atendidas en la medida en que cumplan con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
FF30 – Recursos Institucionales: corresponden a ingresos propios generados por las entidades públicas. También carecen de restricciones operativas, por lo que sus solicitudes se atienden de forma inmediata, dependiendo de la ejecución acumulada.
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Estas diferencias conceptuales permiten explicar la dinámica observada en los niveles de ejecución y el peso que tiene cada entidad en la utilización de los recursos proyectados.
Datos del MEF revelan que, entre enero y octubre de 2025, el Plan de Caja aprobado para FF10 ascendió a G. 34,448 billones, de los cuales se ejecutaron G. 33,712 billones, lo que implicó un 97,9% de ejecución, desempeño que marcó el nivel más alto entre todas las fuentes de financiamiento.
El análisis por instituciones muestra una marcada concentración: el 87% de todo la FF10 aprobado fue absorbido por el Poder Ejecutivo, que presentó además un porcentaje de ejecución del 98%. Esto refleja que los ministerios y entidades dependientes del Ejecutivo continúan siendo el principal canalizador de los recursos del Tesoro, especialmente para programas sociales, salarios, educación, salud y funcionamiento general del Estado.
En contraste, el Poder Legislativo ejecutó G. 513.201 millones (97,1%), mientras que el Poder Judicial registró una ejecución del 97,9%. Las otras entidades –como organismos constitucionalmente autónomos– presentaron un 96,5%. Si bien estos porcentajes son elevados, el volumen absoluto de recursos fue significativamente inferior al asignado al Ejecutivo.
En el caso de los Recursos del Crédito Público (FF20), el MEF destaca que las instituciones con mayores niveles de ejecución han sido el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud. Esta composición muestra los sectores donde los proyectos financiados con préstamos multilaterales y bilaterales suelen estar vinculados a infraestructura, programas sanitarios y gestión de la deuda.
El Poder Ejecutivo registró un Plan de Caja aprobado de G. 10,099 billones, con una ejecución de G. 9,657 billones, equivalente al 95,6%. El rendimiento evidencia una implementación activa de los programas financiados con deuda.
El caso del Poder Legislativo es particular: su ejecución es 0%, lo que sugiere que no cuenta con proyectos asociados a esta fuente. Por su parte, el Poder Judicial presentó una baja ejecución del 15,9%, lo cual podría responder a retrasos administrativos o a la naturaleza de los proyectos vinculados al financiamiento externo. Mientras que las Otras Entidades ejecutaron el 82,9%, reflejando un desempeño sólido en los programas bajo su responsabilidad.
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La lectura general muestra que el crédito público continúa siendo un motor financiero para la inversión pública y programas estratégicos, especialmente en infraestructura y salud.
En tanto que el comportamiento de la Fuente 30 – Recursos Institucionales revela que la mayor parte de su ejecución se orienta a jubilaciones, gobiernos departamentales y municipales, además del Ministerio de Desarrollo Social.
Así, el Poder Ejecutivo contaba con un Plan de Caja aprobado de G. 10,061 billones, con una ejecución del 96,7%. El Poder Judicial ejecutó G. 391.733 millones, equivalente al 92,8%, mientras que las Otras Entidades llegan al 89,1%, con G. 170.364 millones.
Conforme con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el panorama financiero del Estado paraguayo durante los primeros diez meses de 2025 combina dependencia de Recursos del Tesoro y protagonismo de los préstamos externos para sostener inversiones clave. El desafío hacia adelante será sostener este ritmo sin comprometer los equilibrios fiscales en un contexto de mayores necesidades sociales y demandas por infraestructura.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones