INC habría firmado acuerdo para una compra millonaria al margen de la ley

Jorge Méndez, expresidente de la INC.
Horacio Cartes, expresidente de la República.

La administración anterior de la INC acordó con la firma FLSmidth la compra de una costosa máquina para el horno de clínker con parte de los US$ 80 millones provenientes de bonos dados a la cementera. Pero, la compra no se concretó, al parecer porque no se autorizó el código de contratación.

audima

La administración anterior de la Industria Nacional del Cemento (INC), encabezada por Jorge Méndez, firmó en 2017 un acuerdo con la empresa FLSmidth para la provisión de servicios y maquinarias (entre ellas el “ventilador tiro horno”, necesario para aumentar la producción de clínker), que al parecer no tuvo la aprobación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según fuentes cercanas de la estatal, el acuerdo carecería de validez porque ni siquiera consiguieron el código de contratación y sería el principal motivo por el cual la compra nunca se pudo concretar hasta hoy.

De hecho, parte de los US$ 80 millones que recibió la INC en el gobierno de Horacio Cartes fue para cambiar el tipo de combustión del horno de clínker y, además, aumentar el volumen de ese insumo, que se usa para la producción del cemento. Pero, resulta que los datos oficiales indican que la producción diaria de clínker es actualmente de apenas 1.800 toneladas, mientras que antes de la millonaria inversión era de 2.000. Es decir, no solo no se mantuvo el mismo volumen, sino que se redujo.

Según las fuentes, el documento en cuestión es la denominada “Adenda 5” del contrato de INC con FLS, pero no está publicada en el portal de la DNCP. Oficialmente solo existen las adendas 1, 2 y 3. También existiría una “adenda 4”, que tampoco fue autorizada. El contrato original es para la adquisición de equipos para el horno de clínker, por valor de US$ 24.390.500, firmado por Jorge Méndez.

“La compra nunca se concretó porque no existe código de contratación. Se necesita un certificado de disponibilidad presupuestaria para acceder a un código de contratación y eso no existe”, alegan las fuentes.

“Problemas contractuales”

Sobre las limitaciones en la producción de clínker y la aparente falta de una maquinaria, el actual presidente de la estatal, Javier Rodríguez, dijo el pasado martes a ABC que la adquisición del “ventilador tiro horno” se debe a “problemas contractuales” con la empresa proveedora del servicio, FLSmidth INC, pero no dio detalles. También habló de una deuda con la proveedora que todavía no fue saldada. “Existe una deuda de US$ 2.700.000 con FLSmidth por servicios y equipos que no fueron abonados por la administración anterior. No pagamos todavía porque tenemos que solucionar un problema contractual”, dijo Rodríguez.

Alegó que el ventilador fue incluido en el presupuesto 2019 durante su administración y que actualmente trabajan en el “ordenamiento contractual” para poder finiquitar la compra.

DNCP ni Méndez dan explicaciones, todavía

Ayer consultamos al director de la DNCP, Pablo Seitz, sobre la “adenda 5” y el motivo por el cual no se dio el código de contratación. Pero éste primeramente dijo que accedería a la entrevista telefónica a las 14.00, luego nos pospuso para las 18:00 y finalmente, alegó que no tenía mayor información y que nos recibiría hoy en su oficina con datos precisos.

También nos comunicamos con el expresidente de la INC, Jorge Méndez, quien no atendió a nuestras llamadas ni respondió a nuestros mensajes enviados a su teléfono celular con terminación 106.

Recordemos que después de estar cinco años con información privilegiada sobre el sector, el Grupo Cartes prevé instalar una cementera en Concepción.

Contraloría: se espera informe

La Contraloría General de la República (CGR) dice que continúa con el proceso de investigación sobre la utilización de los US$ 80 millones por parte de INC, provenientes de la colocación de los bonos soberanos.

Según la Dirección de Comunicaciones de la institución, aún no existe un informe final sobre la auditoría. En enero pasado, la Contraloría emitió un informe preliminar, que arrojaba los primeros datos sobre una posible malversación de fondos de los US$ 80 millones. En este caso, se encontró que una parte de dicho dinero no fue utilizada para lo que estaba previsto.

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