El indignante caso del ex director técnico de la Itaipú José María Sánchez Tillería, quien se habría llevado G. 7.200 millones de indemnización, solo por jubilarse en la hidroeléctrica binacional, abre la interrogante sobre los fondos llamados “capitales de retiro” que se dan en varias instituciones del Estado y que aparentemente no servirían más que para el derroche de los recursos públicos.
Una de esas instituciones es el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la que ABC Color solicitó formalmente (en el marco de la Ley N° 5282/14 de Acceso a la Información Pública) datos acerca del manejo de dichos fondos. El banco estatal respondió que el pago de subsidios bajo la figura del “capital de retiro”, es un beneficio para el funcionario que tiene más de 40 años de antigüedad. Está basada en disposiciones legales y reglamentarias como la Ley de Reforma de la Carta Orgánica del BNF, el Estatuto del Personal del banco, la Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, entre otras legislaciones.
Es decir, existe autorización legal, presupuestaria y reglamentaria para este beneficio, así como también una reglamentación que restringe el método de pago.
El espíritu de esta indemnización es, en teoría, estimular la salida rápida de los funcionarios que obtienen la jubilación ordinaria. “Los funcionarios o empleados del BNF, que de acuerdo a la ley vigente en la Caja de Jubilados y Pensionados Bancarios, estén en condiciones de obtener la Jubilación Ordinaria con una antigüedad mínima de 25 años de servicios bancarios reconocidos y 50 años de edad como mínimo, tendrán derecho a una asignación complementaria que establecerá el Consejo de Administración del banco siempre que el funcionario o empleado se retire de la institución para acogerse a dicha jubilación dentro de los próximos 90 días contados a partir de la fecha que adquiere ese derecho”, señala el Artículo 58° del Estatuto de Personal del BNF.
Derroche
Según datos proveídos por el BNF, el año pasado un solo funcionario, Alcides Galeano Mernes, se llevó en concepto de subsidio complementario prácticamente mil millones de guaraníes (G. 927 millones para ser más precisos). Marcelo Antonio Riveros Sarubbi (pariente de la actual miembro del Consejo Marta Sarubbi) y Olimpio Onofre Quiroga se llevaron cada uno G. 882 millones mientras que Rubén Fernando Barrios G. 630 millones y Dago Roberto Fernández G. 549 millones. En total el banco repartió en este concepto más de G. 16.000 millones para una treintena de funcionarios.
En el 2017, en concepto de “capital del retiro” llegó a desembolsarse alrededor de G. 20.000 millones que se repartieron entre unos 40 funcionarios. En el 2016 el beneficio llegó a unos 14 funcionarios que se repartieron más de G. 5.600 millones; en el 2015 una docena de empleados se llevaron G. 3.400 millones y en el 2014 el subsidio complementario fue de G. 2.500 millones, suma que se dividieron menos de una decena de funcionarios.
En total, en los últimos cinco años, el BNF destinó más de G. 47.000 millones a las “jubilaciones vip”, cifra esta que bien podría destinarse a créditos agropecuarios para pequeños productores o redireccionarse hacia sectores como la educación para la construcción de aulas y escuelas, o salud para compra de medicamentos o construcción de hospitales.
Los “capitales de retiro” se consideran un beneficio que estimula la salida rápida de funcionarios, sin embargo, son un servicio que otras instituciones no poseen, lo que de por sí ya genera una discriminación creando funcionarios de primera y de segunda. Otras instituciones con “capitales de retiro” son el Banco Central del Paraguay (BCP) y la ANDE, entre otras.
Lo peor de todo es que los desembolsos en este concepto han venido creciendo de manera sostenida y exponencial por la edad avanzada de los funcionarios y los salarios promedios altos que son la base de los cálculos para los subsidios.
Estos beneficios no son equitativos y no ayudan a mejorar el gasto público, muy por el contrario, en el 2014 el BNF contaba con 1.235 funcionarios y, a pesar de haberse desembolsado casi G. 50.000 millones por los retiros o jubilaciones vip, hoy día el banco cuenta con 1.440 empleados.
Se debería evaluar bien en qué ayuda este beneficio (que privilegia solo a unos cuantos funcionarios) a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y si realmente colabora en la calidad de sus RR.HH. como también en el gasto público.