En efecto, el Decreto 6092/16, promulgado durante el gobierno de Horacio Cartes, aprobaba “la Política Energética de la República del Paraguay”, bajo el principal argumento de que la energía es un “factor de crecimiento económico, desarrollo industrial y de progreso social”. Sin embargo, ha pasado a engrosar el archivo nacional.
Designa al secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia como coordinador de esta política, y al viceministro de Minas y Energía como “secretario ejecutivo” para la “difusión y ejecución” de la mentada Política Energética de la República del Paraguay.
Hay que destacar que esta política fue elaborada por un “equipo multidisciplinario” de la Facultad Politécnica de la UNA, el apoyo de “prestigiosos consultores nacionales y extranjeros”, y bajo toda la coordinación y supervisión del Viceministerio de Minas y Energía. Es casi seguro que este enorme trabajo representó otro despilfarro inútil de los recursos públicos.
Entre otras cosas, el decreto dice que “se hace indispensable” la elaboración de políticas de Estado que estén orientadas a atender las necesidades de energía de la población y de todos los sectores productivos, con criterios de calidad, responsabilidad socioambiental y eficiencia”.
La medida supuestamente busca también “garantizar la seguridad energética” con criterios de autoabastecimiento, eficiencia, mínimo costo y responsabilidad socioambiental que acompañe el desarrollo productivo del país. Persigue también “asegurar” el acceso a la energía de calidad a toda la población, con atención a los derechos del consumidor.
Destaca igualmente la necesidad de utilizar las fuentes nacionales de energía, hidroelectricidad, bioenergías y otras fuentes alternativas, e incentivar la producción de hidrocarburos, como recursos estratégicos “para reducir la dependencia externa” e incrementar la generación de valor agregado nacional. Nada de eso ha ocurrido.
También plantea que se continúe con el proceso de consolidar la posición del Paraguay como “eje de la integración energética regional”, con base en el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su estratégica localización geográfica.
Considera “necesaria” la difusión de esta política energética entre todos los “actores públicos y privados” del sector energético, así como entre las universidades, para lo cual se vuelve imperiosa la designación de un coordinador, cuyas atribuciones sean las de realizar dicha tarea.
El decreto también contempla la elaboración de planes de fomento a la “eficiencia energética” en el sector transporte, y como meta un programa de actualización vehicular implementado en el corto plazo, y un programa de control de emisiones de mediano plazo. Nada de eso se ha hecho hasta ahora.
Asimismo, priorizar la reposición de recursos humanos y asegurar la transferencia de conocimientos, formación de recursos humanos en el subsector electricidad, fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo. También programas de capacitación en generación a partir de la utilización de diferentes fuentes; de capacitación en nuevas tecnologías.
Sin embargo, la “política de Estado” ni fue difundido ni ejecutado. Esa realidad seguimos viendo en la precaria situación del sistema eléctrico nacional.
ANDE, primera en violar “política”
El 28 de enero pasado, la ANDE transgredía el Decreto 6092/16, de Política Energética, en lo referente al Programa de Movilidad Eléctrica en el sector público. Presentaba frente al Palacio de Gobierno, en presencia del presidente Abdo Benítez, 282 vehículos movidos a nafta o diésel, incumpliendo la orden de que el 10% de su flota, para el área metropolitana y Asunción, sea eléctrica en el corto plazo; 20% en mediano plazo, y 50% en largo plazo.
Próxima entrega: Grandes “exportadores” de electricidad, grandes importadores de GLP.