Harán una declaración

Los ministros, viceministros ordenadores de gastos y habilitados pagadores, funcionarios de las unidades operativas de contratación y funcionarios de los comités de evaluación de los organismos y entidades del Estado que administren los recursos de la ley de emergencia, deberán realizar una “declaración jurada con el fin de prevenir conflictos de intereses” en un plazo de 10 días hábiles, pero no explica en qué consiste.

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Así lo dispone el decreto que reglamenta la ley de emergencia y señala que en el caso de incumplimiento injustificado, serán pasibles de sanciones previstas en la ley de la función pública, establecidos para los casos de falta grave.

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