A partir de la llegada del gobierno de Santiago Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS) –bajo la gestión de Jorge Brítez en la presidencia y José “José’i” González Maldonado en la Dirección Jurídica– desarrolló una alarmante fijación por los acuerdos extrajudiciales. Estas maniobras sirvieron tanto para conceder quitas millonarias a patronales en mora como para desembolsar fondos públicos mediante el rubro 915 de “gastos judiciales”.
La serie de actas secretas a las que accedió ABC revela el modus operandi, ya que las decisiones se tomaban en un secretismo total, cortando la transmisión por internet de las sesiones y cajoneando las resoluciones para que no se publiquen en la web institucional.
La orden presidencial
El 30 de julio de 2024 quedó registrado un caso emblemático de este proceder. Tras apagar las cámaras, el Consejo de Administración del IPS trató sobre tablas la firma de un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
En plena sesión, el entonces director jurídico de la previsional –quien además actuó como vocero y garantizó el cobro de honorarios a la entonces firma morosa– delató sin rodeos que la decisión estaba coordinada con el mismísimo presidente de la República, Santiago Peña. Para blindar el pacto “política y jurídicamente”, los dictámenes fueron enviados directamente al asesor económico presidencial, Juan José Galeano.
Millonarios desembolsos
El apagón de las transmisiones también sirvió para autorizar desembolsos colosales a proveedoras que arrastran un tendal de cuestionamientos.
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Según el acta N° 088/2024 del 29 de octubre de 2024, el Consejo aprobó sin chistar y de manera exprés un acuerdo extrajudicial con la empresa Potî, de Alberto Palumbo, para pagarle G. 22.520 millones por supuestos servicios prestados fuera de contrato. De ese total, G. 4.500 millones estaban disponibles de forma casi inmediata para la mencionada firma de limpieza.
Una maniobra idéntica se repitió el 3 de julio de 2025, según consta en el acta N° 042/2025. Bajo un nuevo esquema de censura en la transmisión, se avaló el pago de G. 10.726 millones al Consorcio Central, representado por José Manuel González. Unos G. 6.900 millones de ese fondo se liberaron al instante utilizando la vía rápida del rubro 915 de “gastos judiciales”.
Un asesor en la sombra
Juan José Galeano, señalado por “José’i” González como el encargado de revisar los dictámenes para dar cobertura política al acuerdo del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, es asesor de la Presidencia de la República. Su nombre no figura en la nómina de funcionarios del IPS, una institución que por ley es autónoma y autárquica y con independencia administrativa y financiera del Gobierno Central.
Galeano cuenta con un alto perfil político ya que llegó a ocupar por un breve lapso el cargo de ministro interino del Ministerio de Economía y Finanzas tras la renuncia de Carlos Fernández Valdovinos.
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El trasfondo económico del trato con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA expone la magnitud del beneficio concedido. A inicios de 2024, el IPS le reclamaba ante la Justicia una deuda de G. 10.781 millones que venía arrastrándose desde noviembre de 2018.
Sin embargo, con el aval del Consejo y la intromisión abierta del presidente Santiago Peña, la previsional aceptó cobrarle apenas G. 7.500 millones, validando otra quita heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez.
La “gestión” que se dejó constancia en acta cerró con una rebaja directa de G. 3.281 millones a favor de la empresa privada.
Fiscalía solicita copia
En el marco de la causa abierta a José “José’i” González Maldonado, exdirector jurídico del IPS, por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, el fiscal Christian Benítez emplazó por tres días a la previsional para que entregue la copia autenticada de la sesión en la cual se aprobó el acuerdo con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA. El representante del Ministerio Público le señala en su requerimiento a la previsional que ya cuenta con la resolución N° 054-034/2024 de esa fecha.
No obstante, resulta indispensable acceder al acta de la sesión. El objetivo es conocer de manera acabada el desarrollo del debate y descubrir las verdaderas motivaciones que empujaron a los consejeros a firmar el millonario beneficio a espaldas de los asegurados.
González Maldonado actuó como una especie de vocero de ese acuerdo e incluso apuró la firma, delatando la coordinación con Santiago Peña. Tras el acuerdo, González cobró G. 412 millones por honorarios.