El documento del grupo político propone en materia de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) elevar las tasas máximas de los cigarrillos de 24% al 40%, casi una duplicación; así como aumentar tasas de bebidas alcohólicas de un 9% y 12% actual hasta un 18% a 23%; en tanto que en los casos de bebidas altas en azúcar elevarlo de 6% hasta un 23%.
Al respecto, Tributación recuerda que en el 2016 y luego en el 2018, se han dado sucesivos ajustes en las tasas de estos productos. Menciona que la recaudación del ISC representa el 13,7% de los ingresos tributarios, de los cuales 72,2% provienen de los combustibles y el 27,8% de cigarrillos y bebidas. Advierte que no por subir tasas sube la recaudación en la misma proporción, en base a la experiencia y advierte que la propuesta mina las tasas atractivas que tiene el país en la región y que, de aumentarlas, lo que se hará será incentivar la actividad ilegal de estos productos, más aún en un momento de crisis como el que atraviesa el país.
Critica, además, la falta de precisión sobre un arancel específico a los cigarrillos que se pretende imponer, sin determinarse si se trata del ISC o un nuevo tributo, con lo cual se arriesga a incurrir en la figura de doble imposición prohibida por la Constitución Nacional. Además, carece de identificación de los contribuyentes que serán afectados y la no identificación de la autoridad de aplicación del tributo.
“Impuesto Verde”
Otro de los planteamientos del Frente Guasu apunta a la creación de un “Impuesto Verde”, que consiste en gravar la exportación de soja en estado natural con tasa del 5%. El proyecto habla de un impuesto ambiental, aunque la SET advierte que la propuesta carece de un análisis sobre el supuesto impacto o deterioro ambiental que genera el rubro.
La Administración hace una serie de consideraciones, desde sus dudas sobre que se trate de un impuesto que coadyuvará en la equidad, hasta el temor de que en la práctica se convierta finalmente en un tributo regresivo. Considera que se trata lisa y llanamente de un impuesto a la exportación de soja antes que un impuesto ambiental, advirtiendo que alcanza a un solo sector con lo cual se violenta el principio de igualdad establecido en los artículos 46 y 47 de la Constitución.
Recuerda que el proyecto no es claro sobre la fuente para llegar a los valores del producto que sirve de base imponible para el hecho generador y que tampoco se habla de renta neta alguna sino que va directamente sobre los ingresos brutos provenientes de la exportación. La SET recuerda que el sector agrícola fue alcanzado con una reciente reforma que unificó el impuesto a la renta empresarial y la agropecuaria y además dispuso la no devolución de un 5% de IVA por la exportación de soja en granos o con escaso procesamiento industrial.
“Impuesto a los Elevados Patrimonios (IEP)”
El proyecto en cuestión también propone la creación de un impuesto a los más ricos. Básicamente gravará a aquellos que tienen un patrimonio superior a los US$ 10 millones, con tasas del 1% hasta los US$ 99 millones, del 2,5% hasta los de US$ 999 millones y del 5% a los que posean más de US$ 1.000 millones. La base de cálculo de patrimonio considera los valores de inmuebles, clasificándolos en agrícolas y ganaderos (cuando hay otros tipos de suelos) y sin tener en consideración que las tierras pueden aparecer a nombre de sociedades. La clasificación de los territorios será trabajada por instituciones públicas, el tributo será pagado anualmente y su implementación será temporal por tres años a fin de supuestamente generar recursos para saldar los costos de la lucha contra la pandemia.
Tributación analiza exclusivamente sus secuelas económicas y tributarias, no así las cuestiones de base de cálculos ni parámetros de tipo de suelo. Advierte que todo impuesto al patrimonio tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico, genera una mayor aversión de la población y distorsiona las decisiones de los inversores, además de inhibir la creación de pequeñas firmas, conforme a reconocidos autores y entidades de análisis internacionales mencionados en el dictamen.
Refiere que las estadísticas confirman que los niveles de ahorros en países que lo aplican son menores a aquellos que no los tienen en sus sistemas impositivos. La SET teme que se convierta en un impuesto confiscatorio, contrario al principio constitucional establecido en el artículo 181. Además, duda que pueda generar recaudación alguna en momentos en que la economía local está sumamente golpeada por la pandemia. Recuerda que el incremento patrimonial ya está gravado en nuestro sistema tributario actual bajo el IRE, el IRP y otros.
“Impuesto a Altos Salarios Públicos”
Esta propuesta consiste en crear un tributo que grave los salarios de funcionarios de todo el Estado, incluidos los de las binacionales, de tal manera que ninguno pueda ganar más que el presidente de la República (actualmente unos G. 37 millones mensuales). En teoría el tributo regiría hasta que se imponga un plan de cargos y salarios dentro del Estado, cuya fecha es incierta.
Respecto a esta propuesta, la SET critica que el hecho generador es el mismo que el actual Impuesto a la Renta Personal (IRP), debido a que presentan la misma naturaleza jurídica: gravan las remuneraciones, en este caso del personal público. Advierte que ello representaría una doble imposición, prohibida por el artículo 180 de la Constitución Nacional. Otro problema apuntado por la SET es que se trata de un tributo con un complejo sistema de cálculo.