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La administración actual del Indert, presidida por Justo Cárdenas, ha entregado a dudosas ONG millonarios desembolsos del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides). Esta intermediación innecesaria infla costos y además deja un sistema vulnerable a las irregularidades, pedidos de coima y la violación de exigencias fundamentales relacionadas a licencias ambientales (de Seam, Erssan y Senasa).
En lo que respecta a lo estrictamente económico, podemos mencionar que en 2015 el Indert pagó un promedio de G. 494.503.380 por pozo a la ONG denominada Fucela, para obras en Horqueta (Concepción). Mientras que en una licitación de 2014 para el mismo tipo de construcción, el ente adjudicó a solo G. 286.453.235 a la empresa Ysyry Perforaciones, de María Luisa Esteche. Estos datos están disponibles en el portal de Contrataciones Públicas (ver facsímil izquierdo).
El director jurídico de Contrataciones, Luis Godoy, explicó ayer a nuestro diario que esta institución no tiene competencia en las obras que está encarando el ente rural, pero acotó que aún así los contratos excluidos de la Ley 2051 deben regirse por los principios señalados en dicha legislación.
De hecho, el art. 2° señala en su párrafo último: “En las contrataciones excluidas serán responsables los titulares de los organismos, entidades y municipalidades, de la aplicación de criterios que garanticen al Estado paraguayo las mejores condiciones conforme a los principios señalados en el artículo 4° de esta ley”.
Según dicho artículo, esos principios generales son, entre otros: La economía y eficiencia (provisión oportunidad, de calidad y costos racionales), igualdad y libre competencia (que todo proveedor pueda competir), transparencia y publicidad (información completa abierta a todo público).
En este caso, el ente elude la Ley 2051 y hasta los mecanismos establecidos para adjudicar a las ONG. Según dijo el director del Fides, Osmar Pérez, los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable son presentados por las organizaciones, luego la dirección de Inversiones Rurales estudia la viabilidad del mismo; posteriormente sale un dictamen jurídico y pasa a la Junta Asesora, que aprueba o rechaza la obra. Finalmente, el presidente del Indert dicta la resolución que aprueba el proyecto.
Pero en la práctica, el Indert manda construir los pozos con total arbitrariedad y después solicita la autorización de la Junta. Eso se puede verificar en el acta de la sesión de fecha 8 de setiembre de 2015, en la que el funcionario Santiago Ochippinti admite la irregularidad (facsímil de la derecha).
El presidente del instituto agrario ofrecerá hoy a las 11:00 una conferencia de prensa para dar su versión sobre todos los cuestionamientos en torno al tema Fides.
gbenitez@abc.com.py