Califican de clandestino préstamo del IPS a Tigo

La Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) manifestó estar en contra del crédito de US$ 66 millones que otorgó el IPS a la firma Tigo. Denunció que la operación con dinero de los obreros fue clandestina y anuncia movilizaciones. Un grupo ya escrachó al titular del Instituto.

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El multimillonario crédito que el IPS hizo a la empresa Tigo, usando fondos jubilatorios, ya está generando reacciones entre los trabajadores. El viernes un grupo de 30 miembros de la Corriente Sindical Clasista se manifestó en horas de la noche frente al domicilio del presidente del Instituto, Benigno López, en la zona del Shopping del Sol. En forma paralela, socios del Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio y Televisión protestaron en el Hospital Central, comentó ayer Bernardo Rojas, secretario general de la CUT-A. “Estamos totalmente en contra de esta operación que se hizo de manera clandestina, pues nadie sabe nada. Se hizo a espaldas de los trabajadores, pese a que el dinero prestado, más de US$ 66 millones (G. 368.280 millones), les pertenece”, dijo Rojas.

Agregó que no solo desaprueban este préstamo, sino a la empresa que fue beneficiada, es decir Tigo. “Esta es una empresa con muchos recursos, con accionistas internacionales, que podían recurrir a los bancos. Le entregaron un monto millonario y no sabemos las condiciones, las formas de pago. No sabemos nada. Se manejó todo en silencio desde el Consejo del IPS y por eso nos llama la atención”, dijo el dirigente al recordar que la previsional tiene malos antecedentes prestando los recursos de los aportantes a sectores y empresas que nunca pagaron, generando pérdidas. 

Anunció que van a proponer una serie de movilizaciones para protestar contra este actuar secreto con los fondos jubilatorios de los obreros. “Vamos a llevar una propuesta de acciones de protesta en la mesa de la Plenaria de Centrales Sindicales. Es hora de hacer escuchar con movilizaciones nuestros reclamos”, manifestó el titular de la CUT-A.

Recordó que Copaco estaba gestionando desde hace rato un préstamo para una inyección financiera, poniendo al Estado de garante. “El pedido fue ignorado. El BCP debe ser el garante de estos créditos para entes estatales”, explicó.

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