14 de junio de 2026

Contrataciones Públicas dio un plazo que vence mañana para que el IPS entregue los documentos del Consorcio Hospiclean, adjudicado por G. 75.847 millones. Una denuncia bajo protección revela que la firma supuestamente explota a sus empleados con salarios por debajo del mínimo legal y utiliza químicos diluidos y reetiquetados, poniendo en riesgo la vida de pacientes en terapia y quirófanos.

Tras el duro informe de la Superintendencia de Salud, que confirma que en el Hospital Ingavi, por error extirparon la mama equivocada a una paciente con cáncer y luego ocultaron pruebas, autoridades de IPS anuncian la renovación del equipo de Mastología, el inicio de sumarios y un plan de mejoras.

Solo 15 minutos duró la reunión de carácter privado del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, y ninguna autoridad salió aún a declarar el tema de manera pública. Sin embargo, fuentes confirmaron que la conversación giró en torno a la millonaria deuda por la falta de pago del alquiler del edificio que es ocupado para la sede central de la Fiscalía.

La Superintendencia de Salud confirmó que en el quirófano de IPS Ingavi marcaron y extirparon la mama incorrecta a una paciente con cáncer, sin percatarse del error. Más grave aún, luego borraron evidencias de los registros clínicos. Esta instancia recomienda a IPS elevar el caso a la Fiscalía.

Esta mañana, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y miembros de su equipo se reunieron con el presidente del IPS, Isaías Fretes, e integrantes de su gabinete. El encuentro duró aproximadamente 15 minutos y hasta el momento no se brindó ningún detalle al respecto.
Desde que el Dr. Isaías Fretes asumió la presidencia del Consejo de Administración del IPS, están saliendo a la luz barbaridades administrativas que se suman a las ya conocidas bajo la gestión del Dr. Jorge Brítez, su antecesor. Ahora resulta que, según una auditoría interna realizada en 2025, las sumas adeudadas a la entidad por 59 empresas fueron lisa y llanamente borradas del sistema de aportes obrero-patronales por catorce funcionarios que así presuntamente causaron un daño patrimonial al ente de más de 7.000 millones de guaraníes. También se sabe ahora el presunto provecho particular que habría generado un acuerdo extrajudicial de 2024 entre el IPS y un consorcio hotelero. Cuando se revelan hechos como los referidos, es inevitable presumir que abundan los casos similares que pasan desapercibidos, tanto que el IPS sería una maquinaria bien aceitada para generar ingresos irregulares en sus diversos niveles administrativos.