Campesinos amenazan con volver a Ñacunday

El presidente de la comisión vecinal Santa Lucía, Juan Noguera, informó ayer que el 50% de los labriegos “están decididos a volver a Ñacunday”, en la propiedad de 2.000 ha a nombre de Tranquilo Favero, que según la denuncia campesina tiene raíces ilegítimas. Los compatriotas ocuparon ese sitio durante 14 años, hasta que en mayo de 2014 fueron trasladados por el ente agrario, el que hasta la fecha no cumplió con las promesas que les hizo.

“No podemos quejarnos de los demás entes. Están trabajando muy bien Senavitat, MOPC, la ANDE, todos están cumpliendo, menos el Indert”, añadió. Es que el ente prometió entregar 5 hectáreas por familia para la producción de renta, pues hasta el momento solo fueron proveídos los lotes donde está asentada la vivienda y un espacio para el cultivo de autoconsumo.

“Si no podemos cultivar para la renta, no sirve de nada todo lo demás”, resaltó el líder campesino.

Cuestionó al titular del instituto rural, Justo Cárdenas, que en abril pasado llegó a firmar un compromiso de entrega de las parcelas, en el lapso de 60 días. “Pero ya pasaron ocho meses de eso y todavía no tenemos nada. Nosotros ya no podemos confiar en Cárdenas”, agregó.

Es por eso que los labriegos están en “reunión permanente”, de acuerdo con lo explicado, y no descartan regresar a Ñacunday. Sin embargo, hay un grupo de pobladores que prefiere esperar y dar un poco más de tiempo al Indert, pues no es fácil movilizar a más de un centenar de familias.

La semana pasada, los pobladores de Santa Lucía realizaron protestas frente al ente rural, para exigir una solución definitiva al problema de falta de tierras.

También pidieron intermediación de las comisiones de Reforma Agraria y Bienestar Rural y de la de Derechos Humanos del Senado, así como la realización de una audiencia pública sobre este tema, con presencia del presidente del Indert, a realizarse próximamente.

Según la versión oficial del Indert, enviada a la prensa a través de un comunicado, el problema en Santa Lucía se debe a las acciones judiciales promovidas por antiguos adjudicados de las tierras que se oponen a que el ente recupere esas parcelas para entregarlas a los nuevos pobladores.

“Los productores no sujetos de la reforma agraria dilatan la concreción de la regularización de las tierras públicas en distintos puntos del país, promoviendo acciones judiciales para seguir explotando los lotes”, explica la misiva.