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Como es sabido, la posición paraguaya es la de reconocer como deuda únicamente los desembolsos que realizó el Gobierno argentino como aportes, los que no generan intereses ni actualizaciones. A estos aportes se deben realizar los descuentos y ajustes con las acreencias que tiene tanto la EBY como el Gobierno paraguayo; por lo que se estima que el monto final puede llegar a ser incluso menor a los US$ 6.000 millones que se manejan.
Técnicos del sector opinan que, en derecho y conforme al Tratado, se debería exigir que una vez definido el monto de la deuda, inmediatamente se determine también quiénes son los deudores y el porcentaje que deben asumir conforme a los beneficios retirados.
Hasta la fecha, Argentina retiró beneficios (energía eléctrica) en un 94% y Paraguay en un 6%. Posteriormente, se debería realizar un cierre contable administrativo como lo establece el numeral IX del Anexo C, y solo a partir de ahí establecer la tarifa futura de Yacyretá, que ya no estará contaminada por deudas pasadas ilegítimas.