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La ministra Lea Giménez aseguró ayer ante periodistas que la mayor parte de las modificaciones introducidas al Presupuesto General de la Nación (PGN) fueron consensuadas con la Comisión Bicameral y la Comisión de Hacienda de Diputados, pero con el compromiso de que estas variaciones no significarán un aumento del monto global previsto por el Ejecutivo, de G. 73,1 billones; para lo que debe hacerse una reestructuración que supondrá recortes en gastos corrientes, como servicios básicos, a excepción de unos US$ 25 millones aprobados para elevar la cantidad de beneficiarios de las pensiones de adultos mayores.
La ministra aclaró que el recorte sugerido en servicios básicos como agua, luz y teléfono, entre otros, se refiere exclusivamente a aquellas instituciones que cuentan con margen para hacerlo. Según la cartera fiscal, hay instituciones que no ejecutan la totalidad de los rubros asignados en estas cuentas, sin embargo, hay una deuda histórica por estos servicios a las proveedoras.
Giménez acotó que en ningún momento su cartera acompañó ni acompaña aumentos de gastos en el Presupuesto 2018, que puedan poner en riesgo la estabilidad macro-fiscal o que representen un incremento en las asignaciones presupuestarias financiadas con recursos del Tesoro (Fuente 10). Descartó también que dichas modificaciones puedan afectar el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, del 1,5% del PIB.
Agregó que la mayor parte de las modificaciones introducidas afectan recursos de las propias instituciones (fuente 30) y solo un 14% a fuente 10; pero que en ambos casos, el acuerdo era no ampliar el plan de gastos, sino de recortar a cuentas de servicios básicos.
Sin embargo, el proyecto de Ley consensuado y aprobado por la Cámara de Diputados en sesión ordinaria esta semana fue con base a la versión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que expuso un monto global de G. 73,5 billones, los que sumados a más cambios introducidos por el pleno, quedarían finalmente en G. 73,7 billones.
Entre los cambios planteados por los diputados figuran subas salariales para Fiscalía, Educación, Salud, Corte Suprema, y creación de cargos por desprecarización laboral y subsidio a partidos políticos.
La ministra Giménez reconoció que el Ministerio de Hacienda aún no recibió el dictamen final de la Cámara de Diputados, por lo que esperan que la nueva versión del presupuesto aprobado ya contenga estas modificaciones en base a la reestructuración acordada.
La titular de Hacienda considera que a primera vista, el tratamiento del PGN fue adecuado y que se han respetado los puntos más críticos y que la única excepción que compromete recursos del Tesoro fue la aprobación de unos G. 153.000 millones para ampliar la pensión de adultos mayores para 25.000 beneficiarios más. Según Giménez, esto mismo podría generar una expectativa de difícil realización.
En contra de la “invetabilidad”
La titular de Hacienda, Lea Giménez, rechazó la propuesta que busca eliminar la atribución del Poder Ejecutivo de vetar el Presupuesto, alegando que es una atribución constitucional del Ejecutivo, y que de prosperar podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, ya que este tipo de decisiones son muy arriesgadas y que por lo general priman las decisiones políticas, antes que las racionales.