Nueva medida argentina es otra “vuelta de tuerca” contra el país

El empresario naviero respondió así ante la consulta sobre la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, que entró en vigencia el día 15 del presente mes y que se aplica a todas las cargas de transbordo, sean estas de importación o exportación, nacionales (cabotaje) o internacionales.

Ehreke agregó que existen varias dificultades para el cumplimiento de esta medida, por ejemplo el hecho de que el agente de tránsito no cuenta con toda la información pertinente de las mercancías en operación, pues eso solo atañe al vendedor.

Añadió que, en todo caso, debe ser el vendedor el que asuma la responsabilidad de la declaración jurada exigida y otro aspecto preocupante es que si después de 15 días de haberse hecho el trasbordo no se presenta la declaración jurada, la Aduana argentina podrá hacer una valuación totalmente arbitraria y unilateral de la mercancía y cobrar la multa sobre la base de ese valor abusivo.

De acuerdo con un análisis técnico, a partir de ahora, esta regulación tiene dos requisitos adicionales al momento de presentar los transbordos: en primer lugar, el agente de transporte aduanero (agencia marítima) deberá declarar el valor FOB de la carga que se va a transbordar, con ese fin requerirá del cliente importador o exportador la factura comercial y el correspondiente packing list. Por otra parte, la carga que se va a transbordar estará sujeta a la “asignación de canal” al azar, pudiendo ser este verde o rojo.

El canal verde implica que la carga puede continuar con su buque conexión, sin verificación alguna. El canal rojo significa que la Aduana realizará una inspección física (rotura de precinto) de carga y documentación. El transbordo tendrá a partir de ahora carácter de declaración detallada y ya no más declaración simple como lo que solía ser.

Además, existe un gasto de documentación de transbordo de US$ 10 por documento y un gasto de digitalización de archivos para Aduana de US$ 23 por documento. Todos estos gastos deberán ser afrontados por el armador, que tendría como fin alimentar el cada vez más costoso aparato oficial
kirchnerista, concluyó.