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La SFP, que tiene el carácter de organismo central normativo para la función pública, en una nota que remitió al Ministerio de Hacienda el día 18 de este mes, explica el procedimiento usado, atendiendo el informe que le solicitó, como parte del grupo de entidades cuyos funcionarios fueron beneficiados con los incrementos “mau”.
La SFP dice que procedió a las asignaciones de las categorías del anexo del personal 2019, tomando el anexo del personal 2018, confiriendo línea por línea, pero que ante la diferencia entre ambos anexos y no ubicando algunas categorías, fueron respetadas las líneas para las concesiones.
Agrega que “en cuanto a la asignación de categorías superiores, respecto al anexo de personal de 2018, las mismas fueron asignadas por el imperio del compromiso legal entre la SFP y el trabajador”.
En relación a los cargos que deben realizar concursos de oposición para obtener una mejor categoría salarial, señala que la ley dice que se deberán realizar indefectiblemente acciones previas, entre otros, como identificar vacancias, planificar las necesidades de dotación de personal, realizar las gestiones pertinentes para la autorización de vacancias, “situación -que- no se encuadra en la realidad institucional conforme al anexo de personal y nómina de funcionarios permanentes y contratados de la SFP, con respaldo de antigüedad, derecho adquirido y estabilidad laboral en su mayoría”.
En otra parte, el dictamen indica que teniendo en cuenta el derecho laboral vigente conforme al ordenamiento jurídico del Paraguay, el mismo prima sobre todos los trámites administrativos (procedimiento concursal) y otros, el cual obliga a la institución no al funcionario, por lo cual no podría dejar de asignar las categorías conforme al anexo, y la acción de abonar los salarios correspondiente al mes de enero de 2019.
“Realizando un análisis en el ámbito penal, no existiría ningún derecho violentado en el cumplimiento de la ley vigente”, indica finalmente la entidad.
La SFP es una de las secretarías dependientes de la Presidencia de la República cuyos empleados recibieron los “aumentazos”, una medida cuestionada porque fueron obtenidos directamente en el Congreso mediante “gestión personal” de los funcionarios o como parte de la clientela política de los parlamentarios.
Hacienda busca revertir estas modificaciones y para ello pidió la justificación de los incrementos a cada entidad y decidió suspender la liquidación de salarios de 2.123 funcionarios de 36 entidades involucradas, hasta tanto se defina el procedimiento final que será utilizado para que los salarios vuelvan al nivel de 2018.
No descartan ir a la justicia
Los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) definirían esta semana si recurren a la justicia o no para evitar que el Ministerio de Hacienda les recorte el aumento salarial que recibieron directamente en el Parlamento, según las versiones manejadas en la institución.
En principio se había dicho que tienen interés en pedir a la cartera fiscal una reconsideración del tema, como primer paso y que si eso no prospera, un segundo paso sería ya la salida judicial. Por de pronto, no hay una decisión al respecto.