27 de junio de 2026

Un sindicato de la Dinapi denunció que las principales direcciones continúan ocupadas por autoridades interinas, con designaciones de personas ajenas a la carrera institucional. En el ente dijeron que el llamado a concurso depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que aún no cuentan con una fecha definida.

En 2003 se había aprobado la anterior reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal, pero la misma ha sido perforada a lo largo de las décadas por medio de leyes que cambiaron los parámetros de jubilación de los distintos sectores civiles y no civiles de la función pública.
Definitivamente, hemos de apreciar los diversos tecnicismos jurídicos que rigen dentro de nuestro entorno sistémico y, en tal efecto, se propone un recorrido por el tipo legal denominado “administración en provecho propio”, que se encuentra vinculado a la Ley N° 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.

La nueva Ley de la Función Pública y del Servicio Civil crea un Sistema de Denuncias para reportar irregularidades en concursos públicos, cuya coordinación podría quedar a cargo del MEF y la Contraloría. Aunque la norma refuerza el mérito, la igualdad y la transparencia, el mecanismo aún no fue reglamentado, mientras la región muestra modelos con arbitraje independiente y reclamos sin paralizar procesos.

Veinte años después de la primera ley de la Función Pública, el Gobierno impulsa una nueva etapa de cambios con la vigencia de la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”. Los decretos reglamentarios que emitieron evidencian límites en su aplicación, porque dejan fuera a instituciones públicas autónomas y postergan el cronograma de selección por concurso de la alta dirección pública, de acuerdo con un análisis de Horizonte Positivo.

Tras nueve meses de su promulgación, el presidente Santiago Peña firmó el decreto que reglamenta la bastardeada Ley de la Carrera Civil y la Función Pública, que fue sancionada a las apuradas por el Senado en su última sesión del 2024. Dispone, entre otros puntos, que los funcionarios del Ejecutivo deberán cumplir 40 horas semanales.