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Como reflexión de fin año tras el difícil 2020, Beltrán Macchi, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), principal gremio empresarial del país, puso acento en la desproporcionalidad del peso del ajuste. Mientras en el sector privado se han tenido que cerrar empresas, temporal o definitivamente, despedir a trabajadores, absorber fuertes pérdidas, cancelar proyectos, refinanciar deudas, convocar a acreedores, innovar para intentar subsistir, en el sector público todo ha seguido como si nada. A la par que los servicios a la ciudadanía por lo general han empeorado con la excusa del covid, la plantilla de funcionarios se ha incrementado antes que reducirse, nadie ha dejado de cobrar sueldos y bonificaciones, haya ido o no a trabajar, los niveles de corrupción no han aminorado, el déficit y el endeudamiento se han disparado, todo a costa de los contribuyentes presentes y futuros, única y exclusiva fuente de financiamiento que tiene el Estado.
La gente común ha tenido que hacer duros sacrificios, y no nos referimos precisamente a las grandes empresas, en un país donde la actividad económica se concentra primordialmente en unidades de negocios pequeñas o muy pequeñas y donde más de dos tercios de la mano de obra se ocupa en el sector informal. Cientos de miles han perdido sus empleos, la mayoría ha visto caer abruptamente sus ingresos y ha tenido que hacer malabarismos para sostenerse. Resulta muy injusto e indignante que la carga de la emergencia nacional haya recaído solo en una parte de la sociedad.
En la empresa privada, ya sea esta una corporación, un taller, una peluquería, una tienda o un copetín, cuando se reducen los ingresos, necesariamente hay que reducir los gastos. En el mejor de los casos se congela la planilla salarial y se revisan los procesos para minimizar sobrecostos y tratar de generar ahorros para mantener la operación.
En el sector público paraguayo no parece primar esta lógica básica y las cabezas de los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como local, han sido o muy débiles, o muy indiferentes, o muy cómplices como para imponer disciplina. En plena emergencia, el despilfarro continuó a la vista de todos, no se supo que se haya despedido a un solo planillero, muchísimos han cobrado sin trabajar o trabajando a medias, la superposición de funciones siguió siendo la regla, todos los entes mantuvieron su burocracia intacta, independientemente de su utilidad y eficacia, sin evaluación de resultados.
Como siempre, siguen brotando como hongos los escándalos de corrupción en las contrataciones y adquisiciones públicas, burdas y antipatrióticas componendas entre funcionarios venales y empresarios inescrupulosos, incluso en las compras directamente relacionadas con la salud y la pandemia, algo que fue particularmente odioso para la ciudadanía y que no se percibe haya sido castigado como corresponde.
Las empresas públicas no realizan ningún ajuste interno, ofrecen malos o pésimos servicios a alto costo, valiéndose de nichos monopólicos concedidos y mantenidos por los políticos en perjuicio directo de los consumidores y usuarios, condenando al país al atraso, constituyéndose en verdaderos cuellos de botella para el desarrollo del país.
Del lado de la “Justicia”, ya sea por corrupción, por ineptitud o por cobardía, no se puede esperar ningún escarmiento significativo que contribuya con el imperio de la ley y el reencauzamiento moral de la nación. Antes bien, tal como señaló Beltrán Macchi, permanece “capturada por el poder político y solo garantiza impunidad para los amigos y para aquellos que pueden comprarla”.
En el Congreso, donde hay más de 2.000 funcionarios para 125 legisladores, abundan los privilegios a costilla del pueblo. Solo por mencionar un ejemplo, presupuestaron para 2021 un “seguro vip” cuyo costo equivale a 335.000 vacunas contra el covid-19. El mismo patrón se repite en muchas áreas de la administración central, en la Justicia Electoral, en los entes descentralizados, en las empresas estatales, en las binacionales, en las gobernaciones y municipalidades, con poquísimas excepciones.
Este aparato estatal corrupto, ineficiente y prebendario siguió tal cual en 2020 a pesar de la pandemia, financiado en gran medida con la “ley de emergencia nacional”, que acaba de ser extendida y que ya elevó el déficit fiscal y la deuda pública a más del 7 por ciento del PIB y a más del 33 por ciento del PIB, respectivamente. Este enorme gasto público no se tradujo en la infraestructura que el país necesita para su desarrollo, ni siquiera en el área de la salud pública, sino en permanentes subsidios para acallar protestas, dados a ciegas, sin medir ni evaluar su impacto, y, fundamentalmente, en lo que eufemísticamente llaman sostener “el funcionamiento del Estado”. Insistimos, todo a costa de la ciudadanía, que tendrá que pagar la cuenta.
La Feprinco exige “reforma del Estado ya”. Recuerda que hace 30 años se viene prometiendo y nunca se ha avanzado, más bien todo lo contrario. Se firmaron tres compromisos formales con los gobiernos y políticos de turno, el último de ellos con la actual administración, y “las tres veces nos mintieron”. El mismo reclamo debe hacer toda la sociedad. Hay 300.000 funcionarios y algunos carteles de “empresarios” que se dedican exclusivamente a facturar al Estado. Del otro lado hay 7 millones de paraguayos y habitantes de la República que deben sudar para mantenerlos.