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Los cargos públicos están ocupados, en su mayoría, por personas que no cumplen con el requisito de la idoneidad que se exige de acuerdo a la Constitución y las leyes. Los políticos controlan y disponen de esos puestos como si fueran propios, ubicando a operadores, parientes, amantes, etc. Esto pasa en los ámbitos de la Justicia, el Ministerio de Educación, de Salud, del Interior, gobernaciones, municipalidades, solo por citar algunos ejemplos.
Lógicamente, al no contar con talentos capaces, cuando los recursos son absorbidos por gastos rígidos que limitan las inversiones, el sistema no puede ser eficiente. Este estado de cosas debe cambiar, pero para eso hay que fortalecer las instituciones y el sistema democrático, ya que es el único camino mediante el que se podrá controlar el ejercicio del poder por parte de los gobernantes.
De ahí que los proyectos autoritarios no tienen cabida en una sociedad democrática. Resulta por eso muy preocupante escuchar a exponentes del cartismo hablar sobre la necesidad de una reforma constitucional. Así lo vienen haciendo voceros de Horacio Cartes, como el diputado Walter Harms, que es lo mismo que lo hiciera el mismo empresario cigarrillero de frontera. Es sabido que, por su estilo de liderazgo, a nadie le permitiría lanzar ideas como esas sin que antes lo haya autorizado.
Es la segunda vez que Cartes inicia una avanzada para lograr su objetivo más deseado, cual es modificar la Constitución, incluyendo la reelección presidencial. La primera terminó con un gran rechazo ciudadano ante los atropellos a la Carta Magna que promovieron cartistas y luguistas. El joven político liberal Rodrigo Quintana fue asesinado por la policía en el edificio del PLRA, sin que los instigadores del deleznable crimen hayan sido sometidos a juicio, gracias a la complicidad de la Fiscalía General del Estado.
El plan del segundo intento está en marcha. El expresidente Cartes difundió la semana pasada en sus medios de comunicación una entrevista, destacando que le gustaría que sus incondicionales Santiago Peña y Pedro Alliana sean una dupla para las próximas elecciones generales, para el caso de que no prosperara lo de la reelección.
No es coincidencia que Peña, el mismo para quien González Daher es un árbol que da frutos, sea promocionado con frecuencia, con discursos de candidato presidencial en campaña.
Cartes es alguien que no respeta las instituciones democráticas: le resultan un problema, ya que su concepto de las relaciones humanas se limita a ordenar y obedecer. Él ordena, los demás obedecen. Obviamente, esta idea es incompatible con la democracia, donde los gobernantes son mandatarios que deben rendir cuentas a la ciudadanía.
El dueño de Honor Colorado no solo controla el Ministerio Público, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y gran parte de la Corte Suprema de Justicia, sino que también hace lo que quiere con el Presidente de la República, quien está totalmente entregado. Su obsesión es volver a la Presidencia de la República. Desde ese lugar, con los demás poderes bajo su control y con una norma que habilite la reelección, se convertirá en el próximo dictador, emulando a su líder Alfredo Stroessner.
En una convención constituyente, con una Justicia Electoral sometida y sin una oposición capaz de enfrentar ese escenario, por falta de figuras que marquen la diferencia, el cartismo tendrá la mesa servida para sentar las bases de un sistema con apariencia democrática, pero contrario a los postulados de un Estado de Derecho.
Las acciones de Cartes demuestran que es un enemigo de la democracia, razón por la cual las propuestas que provengan de su entorno siempre estarán bajo sospecha. La Constitución vigente debe ser respetada, cumpliendo los mandatos contenidos en ella, en vez de pensar modificarla. Si nuestra Carta Magna es cuestionada no es por su falta de contenido para dar marco al desarrollo democrático, sino precisamente por culpa de políticos ambiciosos o con aspiraciones autoritarias que la quieren acomodar a sus intereses personales.
Los gobernantes como Alfredo Stroessner, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez no honraron o no honran a sus mandantes, los ciudadanos. Al contrario, sus actos mostraron o muestran que desprecian al pueblo. Es justamente la vigencia de la Constitución y la ley la única garantía que tenemos los paraguayos para enfrentar los proyectos dictatoriales. La ciudadanía debe estar en permanente alerta para oponerse a quienes están al acecho para atracar la voluntad popular. No es el momento de renunciar a esa barrera protectora de los derechos, sino de defenderla de la ambición de quienes quieren retornar a un trágico pasado.