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Hace 30 años se viene hablando de reforma del Estado, pero el gasto público ha pasado de 2.000 millones de dólares a principios de los años noventa (con el tipo de cambio de la época) a 12.000 millones de dólares en la actualidad, sin una equivalencia mínimamente razonable en términos de mejoría de los servicios estatales a la ciudadanía, que es la que paga por ellos.
Nos adelantamos a señalar que no todo es un desastre. Unas pocas instituciones públicas se han profesionalizado bastante y a lo largo y ancho del sector público hay gente sumamente valiosa. La reforma que requiere el país no es contra ellos ni es para socavar ni para restarle fuerza y protagonismo al Estado. Antes bien, todo lo contrario. Es para identificar y potenciar a los honestos, los capaces, los comprometidos, y cerrarles los caminos a los parásitos, los haraganes, los corruptos, los que les deben sus puestos a los peces gordos de la política o del entorno del poder, y les responden a ellos.
Estos últimos, lamentablemente, conforman un alto porcentaje de la administración pública, y no solo constituyen una carga que se está volviendo insoportable, sino que conspiran contra los que anhelan hacer las cosas bien y por lo general terminan frustrados, marginados, desmoralizados, cuando no enviciados también muchos de ellos, al constatar todos los días que de nada vale mostrar mayor esfuerzo y aptitud. El buen funcionario gana igual o peor que el malo, y, salvo excepciones, los mejores cargos y ascensos recaen en los paracaidistas, los hurreros, los adulones, los que no rinden cuentas y lealtades en sus instituciones, sino en sus partidos o en las oficinas de sus verdaderos patrones.
A marzo del año pasado, según la Secretaría de la Función Pública, el Estado paraguayo tenía 284.218 funcionarios, de los cuales 244.343 eran permanentes y 39.875 eran contratados, sin considerar las municipalidades (Asunción tiene cerca de 10.000, entre Intendencia y Junta). Hoy, probablemente, ya hay más de 300.000, porque en el año de la pandemia hubo muchas contrataciones, sobre todo en el área de salud, y ninguna reducción.
Significa que prácticamente uno de cada veinte habitantes y uno cada diez integrantes de la población económicamente activa se emplea en el sector público. La cifra no es necesariamente exagerada en comparación con otros países, pero el gasto corriente en personal consume el 80% de los recursos del Tesoro, un porcentaje enorme. Solo en el Gobierno Central el gasto salarial en 2020 fue de 2.500 millones de dólares, tres veces más que al principio de la década.
Como sea, el desafío de la reforma del Estado no es disminuir porque sí el número de funcionarios, sino asegurarse de que todos y cada uno cumplan una función necesaria y útil para la ciudadanía y también para ellos mismos, en el sentido de que puedan encontrar espacio para prosperar material y profesionalmente por sus propios méritos, sin tener que serle servil a nadie más que a su país.
Para ello se necesita una nueva ley de la función pública que realmente se cumpla, ya que la “vigente”, 1626/13, ha sido completamente bastardeada. El objetivo es institucionalizar la carrera civil en el Estado paraguayo, con escalafones transparentes, con estrictos concursos para acceso y promociones, con normas de relacionamiento con la política, con evaluación de desempeño y resultados, premios conformes a los mismos y reglas para sanciones y despidos.
Al mismo tiempo, se debe hacer una profunda revisión de la estructura estatal, delineando cuidadosamente el papel de cada institución, de cada dirección, de cada departamento, y eliminando las superposiciones, que hoy son generalizadas.
Existen más de 50 dependencias directas del Poder Ejecutivo, incluyendo 17 ministerios, 14 secretarías con rango ministerial y una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros, consejos. Además, hay 29 entes autónomos y autárquicos, cinco empresas públicas y cuatro sociedades anónimas del Estado, cinco entidades financieras oficiales, aparte del Banco Central, cinco entidades públicas de seguridad social, nueve universidades nacionales y dos entidades binacionales, lo que se completa con 17 gobernaciones y 267 municipalidades. Muchos de estos organismos, algunos creados exclusivamente con fines prebendarios y clientelistas, deben ser fusionados o directamente suprimidos.
Paralelamente, otro aspecto crucial de la reforma del Estado es un sistema de adquisiciones y contrataciones públicas que garantice la transparencia, la libre competencia, los mejores precios, la buena calidad, y la verdadera necesidad de las compras que hace el Estado, aplicando duras sanciones tanto para los que aceptan como para los que ofrecen sobornos. Es sumamente importante minimizar los resquicios que utilizan los avivados del sector privado para embolsarse grandes diferencias sobrefacturando al Estado. Hay un estudio del Banco Mundial que estima que el país puede ahorrarse por esta vía hasta el 4% del PIB, unos 2.000 millones de dólares anuales, monto que se les roba a los contribuyentes año a año.
Esto y no otra cosa es la reforma del Estado. No es la única que debe hacer el Paraguay, pero es fundamental y es urgente. Se necesitan gobernantes patriotas y valientes que antepongan el interés nacional sobre los de un sector numeroso, pero minoritario, aunque le cueste políticamente. Patriotismo y valentía, ¿será mucho pedir?