Cargando...
El tercer párrafo del artículo 95 de la Constitución Nacional establece taxativamente que “los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos”. De nada valieron las advertencias, de nada los razonamientos, de nada las súplicas de la ciudadanía responsable. A las mayorías en el Congreso de las distintas corrientes políticas les importó un bledo la Constitución y el dinero de los trabajadores. Finalmente sancionaron la ley que otorga subsidios a cuentapropistas informales, comerciantes y afines de 16 ciudades fronterizas con Argentina, la cual implica un robo a cara descubierta al fondo de jubilaciones del Instituto de Previsión Social.
Engañosamente, no se menciona en forma específica al IPS en el texto, con la dolosa intención de evadir la prohibición constitucional. Se dispone que los nuevos subsidios serán financiados, hasta un monto de 10 millones de dólares, con el “saldo no ejecutado” de la llamada “ley de reactivación” (6680/20), que de hecho ya contemplaba una ayuda a informales de frontera a través del programa Pytyvõ 2.0. Pero, como perfectamente saben los taimados legisladores, y tal como lo ha ratificado el Ministerio de Hacienda, el único “saldo” aún disponible en esa ley es el que resta de los 100 millones de dólares que el Estado transfirió al Instituto para compensar a asegurados afectados con suspensiones temporales de contratos de trabajo.
Ese dinero NO ES DEL ESTADO, como falsamente se alega. Es un monto dado a cuenta de la deuda histórica del fisco con el IPS y, por lo tanto, un activo del fondo de jubilaciones y pensiones. Este, a su vez, está conformado por el ahorro compulsivo a largo plazo de los trabajadores cotizantes, con la contribución solidaria de sus empleadores y, teóricamente, del Estado, que casi nunca aporta. Supuestamente debería ser inviolable y servir exclusivamente para financiar el retiro de los asegurados, que mes a mes destinan una parte de sus salarios a ese fin. Cualquier uso distinto es lisa y llanamente un despojo a obreros y empleados.
Los comerciantes de frontera como tales y los trabajadores informales no son asegurados del IPS y, en consecuencia, no son sujetos de sus servicios y beneficios, ni directa ni indirectamente. Algunos dueños de negocios sostendrán que sí aportan, pero los patrones simplemente actúan como agentes de retención, el porcentaje que pagan no es realmente de ellos, sino una carga social que forma parte del salario. Y aun si individualmente pudiera haber asegurados entre los beneficiarios de la nueva ley, solo podrían acceder al fondo de salud, y con mayor razón al fondo de pensiones, bajo las condiciones y modalidades previstas para cumplir los objetivos del sistema.
Se cree ilusoriamente que el IPS tiene mucho dinero y que no le hace nada destinar 10 millones de dólares a gente golpeada por la pandemia. Esto es, aparte de claramente inconstitucional e ilegal, extremadamente erróneo. Actualmente, por las características demográficas del país, el fondo de jubilaciones todavía tiene mayores ingresos que egresos, pero, a menos que se hagan profundas reformas, se estima que esa situación se revertirá en 2044 y que las reservas podrían cubrir las jubilaciones a lo sumo otros 30 años más antes de agotarse. Significa que los trabajadores jóvenes que empiezan a aportar en esta época ya tendrán dificultades para cobrar sus respectivas jubilaciones a mediados de siglo, y con mayor razón nuestros hijos y nietos pequeños.
La ley en cuestión aprueba un subsidio de G. 3.000.000 por tres meses para “comerciantes en general” de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, y tres pagos de G. 500.000 para “empleados en general y personal de apoyo de los comercios, trabajadores informales, cambistas, vendedores ambulantes, carretilleros, taxistas, guardias de seguridad y otros” de esas mismas ciudades.
Quienes aprobaron la ley no tienen la menor idea de cuántos son ni les interesa. Simplemente le tiran el fardo al Ministerio de Hacienda, que debe reglamentar y coordinar la ejecución con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos seleccionados. Aunque ponen un límite nominal de 10 millones de dólares, ¿cómo darle a uno y no a otro? ¿Por qué alguien aceptaría quedar excluido si está dentro de la amplia lista de categorías mencionadas en la norma? ¿Cómo evitar las simulaciones? Y, sobre todo, si se les da a unos, ¿por qué no ya a todos los afectados por la pandemia? ¿Por qué no a los que se vean afectados por situaciones similares en el futuro? Preocupado, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya adelantó que la ley es impracticable y que podría costar no 10, sino 60 millones de dólares, cuando menos.
Como parte de su imperdonable irresponsabilidad, los políticos aprueban algo que saben que es inconstitucional e inviable para quedar bien en tiempo electoral, y luego culpar al Ejecutivo si no se concreta. Pero si bien probablemente recibirán aplausos de algunos miles de comerciantes, merecen el enérgico repudio de 685.000 aportantes del IPS y de 7 millones de habitantes del Paraguay. La pregunta es ¿de qué lado está Mario Abdo Benítez? Si tiene coraje y está realmente con la gente, debe vetar sin más trámite este mamarracho.