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Cada Gobierno que sube, invariablemente, proporciona cifras de decomiso de drogas siempre superiores a las de su antecesor. Pero, por lo que vemos, tales cifras no constituyen más que caramelitos que nos endulzan la boca para esconder la realidad: el Paraguay continúa siendo una verdadera cueva de narcotraficantes, que tienen sus tentáculos en los organismos del Estado, tal como lo reconocen las propias autoridades gubernativas.
Una noticia proveniente del exterior nos acaba de devolver a la realidad: el servicio de aduanas alemán encontró en el puerto de Hamburgo nada menos que 16 toneladas de cocaína, en cinco contenedores que llegaron desde el Paraguay, lo que constituye la mayor incautación de esa droga en Europa, siendo valuada en miles de millones de euros. Un récord que nuevamente enloda el rostro de nuestro país en la esfera internacional.
El hallazgo de la droga no fue fortuito, sino el resultado de un análisis de riesgos hecho por autoridades aduaneras europeas. En otros términos, el cargamento ya resultaba sospechoso por el solo hecho de proceder de cierta República sudamericana que se ha ganado la fama de producir y exportar marihuana en gran escala, así como la de permitir el acopio y el tránsito de ingentes volúmenes de cocaína.
Pero este triste récord en Europa no fue el único, pues, casi al mismo tiempo, también en Costa de Marfil se informaba del decomiso de una tonelada de cocaína procedente de Paraguay, igualmente el mayor cargamento incautado en esa nación.
La trágica historia del Paraguay como país de tránsito de drogas ilícitas se remonta a la década de 1970, cuando el francés Auguste Ricord se instaló entre nosotros para traficar con heroína, gracias a la protección de jerarcas de la dictadura. Duele decir que el negocio sucio no terminó luego del 3 de febrero de 1989, como ya lo demostró el hecho de que el 1 de septiembre de 1990 se haya incautado en Parque Cue (Chaco) un alijo de 343 kilos de cocaína, cuya propiedad se atribuyó a importantes personajes de la época. Cuatro años más tarde fue ultimado el jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ramón Rosa Rodríguez, antes de reunirse con el presidente Juan Carlos Wasmosy para hablar sobre las estructuras del narcotráfico.
Otro hito importante fue la denuncia que, en noviembre de 2014, una comisión senatorial formuló acerca de los lazos de varios parlamentarios con esa actividad ilícita, sin que ninguno de ellos, mencionados con nombre y apellido, haya sido tan siquiera imputado por el Ministerio Público. Es más, uno de ellos –Freddy D’Ecclesiis (ANR)– sigue siendo diputado, en tanto que otro –Bernardo Villalba (ANR)– hace hoy de senador suplente. A propósito, el diputado Ulises Quintana (ANR), con un proceso judicial a cuestas por lavado de dinero y asociación criminal con relación al tráfico de drogas, aspira actualmente a la Intendencia de Ciudad del Este, como si los indicios que pesan sobre él fueran nimiedades.
En estas condiciones, cabe pensar que la cocaína no sería incompatible con la función pública: recuérdese que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, dijo, cuando presidía la Cámara Baja, que el crimen organizado sentó sus reales en los tres Poderes del Estado. Así se explica, entre otras cosas, que en el Chaco no existan radares para detectar el ingreso de narcoavionetas y que aún no haya sido estudiado un proyecto de ley que permite derribarlas. También se entiende que el exjefe de la Senad Luis Rojas haya sostenido hace un par de años que el 70% del personal de esa institución había sido corrompido, sin que se sepa con algún detalle las medidas tomadas por el sucesor, Arnaldo Giuzzio –hoy ministro del Interior–, para limpiar el establo. Está visto que la Región Occidental, sobre todo, es zona liberada para el ingreso de la cocaína; de lo contrario, no se explicaría que tan voluminosos cargamentos salgan de nuestro país con destino a Europa y otros mercados. Simplemente, esa misma semana se informó que unos policías que buscaban animales robados, se toparon en una estancia con drogas y precursores para prepararla.
La cocaína ingresa en nuestro territorio por vía aérea y sale, en gran parte, por vía fluvial, como se desprende del reciente episodio, que motivó una urgente reunión interinstitucional –una de las tantas– para mejorar los controles de contenedores y de vuelos no comerciales. En la ocasión, el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, anunció la compra de dos escáneres para inspeccionar contenedores, y el ministro Giuzzio –por fin– la de dos radares. Según dijeron, “los cuatro equipos podrían estar funcionando hacia fines del presente año”, lo que significa que no hay ninguna certeza al respecto. Conste que “también está en marcha la obtención de otros dos escáneres en carácter de donación”, como se lee en el comunicado oficial. Participaron también del encuentro el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Juan Manuel Brunetti; la ministra de la Senad, Zully Rolón, y técnicos de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera y de Control No Intrusivo. A este paso, los narcotraficantes estarán temblando, mientras preparan su próxima operación de cara a Europa y los funcionarios alemanes se aprestan a enfrentarla. A juzgar por los informes de la reunión, los delincuentes tienen por lo menos un año de tiempo para operar con toda tranquilidad. Como se ve, faltan respuestas contundentes para combatir el crimen organizado, que, como se reconoce públicamente, tiene a sus protectores en toda la estructura estatal.
Claro que hacen falta radares y escáneres, pero estos aparatos no servirán de nada si quienes deben manejarlos están a las órdenes de grandes delincuentes, a través de los superiores jerárquicos. Poner la tecnología en manos de corruptos no puede tener más sentido que el de dar la impresión de que se está luchando enérgicamente, que es lo que se hace cuando se anuncia con bombos y platillos algún exitoso operativo. Lo cierto es que el Paraguay está por convertirse en un Narcoestado, porque en los órganos dependientes del Poder Ejecutivo se hace la vista gorda, en los del Legislativo no se otorgan suficientes fondos en el Presupuesto y en los del Poder Judicial se venden resoluciones. La cooperación internacional es necesaria, pero también ella servirá de poco si las instituciones están contaminadas por el crimen organizado. Peor aún, poca esperanza cabe si se espera que el Ministerio Público investigue a los responsables del alijo en cuestión, pues esta entidad parece moverse solo de acuerdo a los intereses de los poderosos.
Ya no se puede esperar mucho del Gobierno de Mario Abdo Benítez, más aún cuando parece estar manejado por su antecesor, Horacio Cartes, que tiene un turbio pasado y amistades, como su “hermano del alma” Darío Messer, que también se mueve en el submundo del delito. La esperanza que resta es que los ciudadanos y las ciudadanas hagan valer su voto en las próximas elecciones, repudiando a los delincuentes y promoviendo o apoyando a quienes ofrezcan alguna esperanza de mejores días para el país.