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La renuncia del Dr. Julio Mazzoleni al cargo de ministro de Salud Pública y Bienestar Social, a poco de cumplirse un año del decreto que implementó acciones preventivas ante el riesgo de expansión del covid 19, respondió, según dijo, a la “situación de crispación, de ansiedad”, en la que se halla el país y a la necesidad de que las relaciones con el Congreso sean armónicas. Su dimisión, junto con la del viceministro de Salud Pública Julio Rolón y la del director general de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, había sido reclamada el jueves por una amplia mayoría del Senado. Sin embargo, la medida adoptada por los mismos no es para cantar victoria, ya que los principales responsables de la corrupción y la ineficiencia que imperan en toda la Administración Pública, y con mayor visibilidad ahora por las circunstancias en el campo de la salud, continúan en sus cargos, comenzando por el presidente Mario Abdo Benítez.
En las atinadas palabras del exministro, “es sumamente necesario que todos los paraguayos estemos unidos para enfrentar la peor parte de la pandemia”. En efecto, este desafío extraordinario requiere el esfuerzo conjunto de gobernantes y gobernados: de los primeros se había esperado, aunque más no sea por esta vez, honestidad y eficiencia; de los segundos, el respeto a las restricciones impuestas para mitigar el contagio. En palabras del dimisionario, “tuvimos un buen primer tiempo”, pero la crisis ha empeorado con el correr de los meses, tanto que ya se habla de un colapso sanitario. Se reaccionó con relativa prontitud, mediante varios instrumentos normativos: hasta el 20 de marzo de 2020, ya habían sido dictados seis decretos; cinco días más tarde, una ley declaró el estado de emergencia sanitaria y estableció numerosas medidas administrativas, fiscales y financieras, así como de política económica y financiera. Entre estas medidas se destacan la autorización al Poder Ejecutivo para redireccionar créditos presupuestarios hacia las 16 entidades afectadas a la emergencia y al MSPBS para que realice un procedimiento de compra directa simplificada, así como la contratación de empréstitos hasta el monto de 1.600 millones de dólares.
La primera crisis, dentro de la sanitaria, tuvo que ver con la corrupción y surgió ya en abril, cuando el Ministerio se vio forzado a rechazar casi todos los insumos y equipos chinos proveídos por el “empresario” Justo Ferreira, al cabo de una contratación por valor de 80.000 millones de guaraníes, llena de graves irregularidades. A raíz del escándalo, fueron obligados a renunciar dos altos funcionarios e intervino el Ministerio Público, pero la reacción del ministro Mazzoleni fue bastante tibia. La segunda crisis tuvo que ver con la ineficiencia y estalló en julio, cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que “los fondos del coronavirus se ejecutaron poco hasta ahora”; la observación crítica fue reiterada por el jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, al opinar que “ser un buen médico no quiere decir ser un buen administrador”. El aludido –terminó ejecutando solo unos 426 millones de los 1.600 millones de dólares prestados– no se inmutó. La inoperancia y la corrupción han generado la falta de medicamentos en los centros sanitarios públicos, en tanto que la extrema demora en la compra de vacunas debe atribuirse a la negligencia o a la incapacidad de gestión.
La primera víctima fatal del covid 19 fue registrada el 20 de marzo de 2020; a casi un año, ya superan los 3.200 fallecidos. Los casos empezaron a aumentar bruscamente en agosto del año pasado, lo que significa que la “cuarentena inteligente”, que se inició en mayo con el levantamiento gradual del aislamiento preventivo, no parece haber sido muy eficaz. Como se sabía que era imposible impedir que llegara la pandemia, las medidas dispuestas solo apuntaban a ganar tiempo para preparar una infraestructura sanitaria adecuada para responder a esa calamidad. A estas alturas, resulta claro que el sacrificio de la gente no fue bien acompañado por el desempeño del MSPBS, lo que a nadie debería sorprender: la deshonestidad y la ineptitud que distinguen al sector público no pueden desaparecer tan pronto. No obstante, como no debe perderse las esperanzas, es de desear que el ministro interino Julio Borba tenga la varita mágica para proveer cuanto antes, según prometió, los fármacos, las camas de terapia y las vacunas que se requieren. Le deseamos buena suerte, por el bien de todos. El Dr. Mazzoleni, a quien creemos una persona honesta, fue derrotado por las viejas lacras de la administración pública, con las que nunca había tenido que lidiar desde su interior: la corrupción y la ineficiencia son tan letales como el covid 19.