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Se creía que 2021 sería el año del “rebote” económico y de la vuelta a la normalidad, pero ya se está cerrando el primer trimestre y las cosas no son como se esperaban. Aunque las estimaciones optimistas todavía proyectan un moderado crecimiento después de dos duros ejercicios de estancamiento y recesión, casi todos los analistas se resignan a que este no será todavía el año de la anhelada reactivación, con el agravante de que ya no quedan recursos ni margen de maniobra fiscal para auxiliar a los sectores más afectados ni a la población más vulnerable. Todo esto podría ser diametralmente diferente si, entre todas sus promesas, el Gobierno cumpliera tan solo una de ellas: la vacunación.
Paradójicamente, las explicaciones brindadas por el Ministerio de Salud Pública sobre el dinero destinado a vacunas resultaron convincentes desde el punto de vista de la rectitud en su utilización, pero, al mismo tiempo, confirman que el Gobierno no llegó a dimensionar en su real magnitud la importancia excluyente que tenía este factor para la salud de la población y para poner en marcha al país, que es lo verdaderamente imperdonable en su gestión en la materia.
El MSP explicó que en octubre de 2020 depositó 6.800.000 dólares en el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es un mecanismo a través del cual se compran vacunas normalmente, y luego transfirió unos 2.800.000 dólares a Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization), que encabeza el llamado sistema Covax, un programa patrocinado por la Organización Mundial de la Salud para, supuestamente, asegurar una distribución equitativa de las vacunas contra el covid-19. Posteriormente, de acuerdo con la explicación, se cambió la reglamentación de Covax, por lo cual Gavi devolvió ese último monto, que está depositado en una cuenta del ministerio en el Banco Nacional de Fomento. De allí salieron los 180.000 dólares pagados por la primera partida de 36.000 dosis de la Oxford/AstraZeneca y de allí se irá pagando a Covax a medida que envíe nuevos lotes.
No hay motivos valederos para dudar de esta rendición de cuentas que, por lo demás, fue acompañada con la documentación respectiva. Pero el problema no es ese. Lo que en verdad están diciendo estos números es que el Gobierno tuvo todo un año de tiempo y una disponibilidad de 2.000 millones de dólares solamente con la ley de emergencia para enfrentar la pandemia, y resulta que en todo ese lapso destinó apenas 10 millones de dólares (el 0,5%) a lo que debió haber sido el objetivo estratégico más determinante para salir de la crisis. En este caso no se trata de derroche ni de corrupción, pero sí de una inexcusable ineptitud que le puede costar tremendamente cara al país.
Se escudan en que la ley no les permitía comprar vacunas al margen del fondo rotatorio de la OPS, y que solo pudieron negociar con otras fuentes de aprovisionamiento cuando dicha ley se modificó, en diciembre de 2020. Es un argumento engañoso y falaz que los condena antes que eximirlos, porque no tenían ningún impedimento para solicitar al Congreso el cambio de la ley mucho antes, cuando ya en todo el mundo se sabía que habría problemas de abastecimiento debido a la alta demanda y los límites en la capacidad de producción. El que hayan remitido un proyecto en tal sentido solo al final del año prueba, una vez más, la poca atención y dedicación relativas que le prestaron a un tema tan crucial y el desbarajuste en su escala de prioridades.
Para usar una expresión popular, el resultado fue que se les escapó la tortuga y ni se dieron cuenta, lo que podría resultar gracioso si no fuera por las graves consecuencias que ello trae aparejadas. Esta conclusión está estrictamente sustentada en los hechos. Todavía a fines de febrero las autoridades sanitarias estaban convencidas de que tendrían las vacunas suficientes, al punto de que ampliaron del 30% al 50% de la población la meta de la campaña de vacunación de 2021, para lo cual se requerían al menos 7 millones de dosis (dos dosis por persona) y se cubría prácticamente el total de los requerimientos del año, ya que el Paraguay tiene cerca de 3 millones de habitantes menores de 18 años para quienes la vacuna no está indicada.
Afirmaban que tenían aseguradas 4.300.000 dosis a través de Covax, más 1 millón de dosis de la rusa Sputnik V por una promesa de Vladimir Putin a Mario Abdo Benítez, más unos 2 millones de dosis que no aclaraban de dónde provendrían, pero que se decía eran de la marca china Sinovac. En su conferencia de prensa del 18 de febrero, el entonces ministro Julio Mazzoleni informó a la opinión pública que “la próxima semana” llegaría una comunicación oficial de Covax con un “cronograma pormenorizado” de entregas y que con ello se daría inicio oficial a la campaña.
Cuando finalmente llegó tal comunicación (cuyo texto nunca dieron a conocer), resultó que Covax solo confirmó un envío de 36.000 dosis en marzo, de un total de 304.800 hasta fines de mayo, lo que sumado a las 4.000 únicas dosis que arribaron de Rusia, más las 20.000 donadas por el Gobierno chileno y las 3.000 de Emiratos Árabes, no alcanzan ni al 5% de lo que se necesita para cumplir la meta. Como consecuencia, Julio Mazzoleni se vio obligado a renunciar, el Presidente por poco pierde el poder y su Gobierno quedó en una posición sumamente débil e inestable.
Probablemente ya es demasiado tarde para encarar negociaciones que debieron hacerse el año pasado, pero hay que intentarlo de todos modos. Como dijo el nuevo ministro Julio Borba, hay que buscar vacunas hasta debajo de las piedras. Todos los esfuerzos, públicos y privados, deben estar enfocados en ese objetivo. Solo si se consigue una inmunización oportuna y razonable se puede soñar con un alivio sanitario, social y económico para la gente.