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El diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna, representante del departamento Central por la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), finalmente presentó el lunes 12 de abril un proyecto de ley que suspende de nuevo las elecciones municipales que debieron realizarse en 2020, las superpone con las elecciones generales de 2023, prorroga los mandatos de los intendentes y concejales elegidos en 2015 y elimina, a todos los efectos prácticos, la larga y buena tradición de realizar estas elecciones locales a mitad del periodo presidencial durante la que funcionaron como elecciones de control de medio término.
Alega el diputado que los recursos que se destinan a la realización de las elecciones serán mejor utilizados si se los aplican al sistema de salud, como si el ejercicio de la soberanía popular fuera un gasto del que pudiera prescindirse como lo haría el legislador si decidiera dejar de fumar o de beber.
Este solo elemento evidencia el marco cultural en que se mueve Galaverna, marco compartido por líderes de su partido, la ANR: para ellos las elecciones son algo accesorias, innecesarias, sustituibles, una mera vía para llegar al poder, igual a un golpe, un atraco o un fraude como del que se jactó el padre del diputado, el senador Galaverna, y nada más.
Es la mentalidad dominante en una asociación política que llegó al poder mediante un golpe militar y no se mantuvo en él mediante elecciones libres, hasta la llegada de la era democrática, durante la que se vio obligada a cambiar de táctica pero no de moral.
Por eso, para Galaverna padre se justifica el fraude electoral. Por eso para Galaverna hijo se justifica suspender las elecciones. Lo único que importa para estos impresentables es detentar el poder para usar y abusar de él perjudicando a todo el pueblo paraguayo.
Pero cualquier ciudadano paraguayo sabe que las elecciones son nada menos que la única forma en que la soberanía popular puede ser ejercida; que el pueblo solo puede ejercer su poder y gobernar mediante la realización de elecciones periódicas porque los mandatos que él otorga son limitados y sujetos a revisión.
Sin elecciones no hay soberanía popular. Tan simple y tan contundente como eso. Los municipios paraguayos no son gobernados ahora por el pueblo, sino por meros delegados del Congreso, que secuestraron el poder popular al suspender las elecciones municipales de 2020.
Los actuales intendentes no tienen mandato popular. Tienen un mero mandato legislativo idéntico en todo al mandato ejecutivo que otorgaba Alfredo Stroessner para administrar los municipios en su época, anomalía que el Artículo 167 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente: Los intendentes y las juntas municipales –dispone– serán elegidas directamente por el pueblo; no por el presidente de la República y no por el Congreso.
El Congreso no tiene ninguna atribución para prorrogar mandatos o suspender elecciones. El Artículo 202 de la Constitución, que enumera las atribuciones del Legislativo, no se la da, ni para lo uno ni para lo otro, y el hecho de que el Congreso haya violado ya en dos ocasiones esta disposición constitucional no genera derecho alguno.
En Paraguay tenemos derecho positivo y el precedente no genera derechos, menos aún el que viola la Constitución. Además, esta es una cuestión de derecho público, en la que lo que no está expresamente autorizado está terminantemente prohibido.
Nada de esto interesa a Galaverna ni a sus cómplices, por supuesto, pues su objetivo es el poder para medrar. Lo que hacen políticos de esta clase es buscar excusas para evitar la participación y el control populares sobre los chanchullos mediante los que se convirtieron en millonarios, abusando del Estado. Por eso ahora esgrimen la de la salud, como si no fuera un derecho del pueblo el darse a sí mismo mejores servidores públicos que los que le impuso el Congreso con la prórroga de mandatos de 2020, siendo el principal interesado y la principal víctima de la desastrosa gestión del Partido Colorado en esta materia.
El proyecto de Galaverna pretende imponer al pueblo paraguayo, que ya padece la corrupción y la torpeza indecibles de los colorados en el manejo de la pandemia, seguir condenado a los bandidos e ineptos que convirtieron la salud pública en el desastre que es.
Además, de concretarse la propuesta, tendríamos una ley que viola la Constitución. En cualquier país organizado, un partido político mínimamente decente expulsaría a una persona que proponga una iniciativa que atenta contra la voluntad popular.