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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sus ministros del Interior, de Salud y de Defensa, además de algunos otros funcionarios del Poder Ejecutivo, vienen firmando, desde marzo de 2020, una serie de decretos que suspenden derechos reconocidos y garantizados por la Constitución, los decretos de cuarentena.
Al suspender los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución, Abdo y sus colaboradores lesionaron a centenares de miles de paraguayos, literalmente, y a los que privaron de los derechos al trabajo y al tránsito, especialmente, les ocasionaron ingentes daños patrimoniales.
Abdo y sus colaboradores no tenían atribución constitucional cualesquiera para suspender parte alguna de la Constitución, y haberlo hecho es, absolutamente, al menos una transgresión, cuando no directamente un delito.
El hecho de que persistan en su propósito, confirmado por el envío al Congreso de su proyecto de “ley garrote”, indica que se sienten impunes, que creen que pueden aplastar a la gente sin consecuencias para ellos.
La idea según la cual el poder es irresponsable (“Dicho de una persona: A quien no se puede exigir obligación de responder de algo o por alguien”) surge de una concepción del Derecho que se conoce convencional e históricamente como “derecho divino” (el poder viene de Dios y solo a él responde), y tiene su desarrollo contemporáneo en varios pensadores de la institucionalidad autoritaria del siglo XX, especialmente los del fascismo y del comunismo.
La irresponsabilidad del poder, por supuesto, es consistente con la idea de la omnipotencia gubernamental, esa por la que, alegando “la razón de Estado”, los gobiernos pueden despojar de derechos a la gente, incluso de los derechos a la vida o a la propiedad, en forma arbitraria, discrecional, aberrante.
No es casualidad ni accidente que todos los gobiernos que reivindican la irresponsabilidad del poder estén siempre asociados con las más monstruosas violaciones de derechos humanos o económicos y, de hecho, defienden esa doctrina porque simplemente quieren asegurarse la impunidad por la comisión de sus crímenes.
La doctrina de la irresponsabilidad del poder es el vínculo que hermana a Luis XIX de Francia con Vladimir Lenin de Rusia; a Teodosio I de Roma con Mao Zedong de China; a Alfredo Stroessner de Paraguay con Fidel Castro de Cuba; a Adolfo Hitler de Alemania con Robert Mugabe de Zimbabwe.
Justamente porque no hay por qué admitir que el poder cometa crímenes en nombre de ninguna razón supuestamente “superior” es que los demócratas de todos los tiempos y de todos los lugares, desde Lucio Junio Bruto, uno de los fundadores de la República Romana, hasta Thomas Jefferson, fundador de la norteamericana, pasando por todos los grandes proponentes teóricos del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, desde John Locke hasta Alexis de Tocqueville, alientan lo contrario a la irresponsabilidad del poder: La responsabilidad del poder.
Nuestros constituyentes de 1992, habiendo sido testigos o directamente víctimas de la omnipotencia gubernamental, de la doctrina de la irresponsabilidad del poder, y haciendo suya la trágica experiencia de cincuenta años de abusos oficiales sobre “los comunes”, incorporaron a la Constitución de 1992 la concepción radicalmente democrática del poder responsable, no solamente porque en el nuevo ordenamiento institucional paraguayo el poder es escrutable y políticamente auditable, sino porque dispone que los funcionarios sean personalmente responsables, con sus bienes, de los hechos que realizan en el ejercicio del poder.
Dispone y ordena el artículo 106 de la Constitución Nacional que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de este a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto”.
El hecho de que los tribunales de la República se hayan mostrado hasta ese momento reacios en implementar el mandato de la Constitución solo indica que sus integrantes no lograron aún pensar con independencia y que se siguen considerando ordenanzas del poder como en la época de Stroessner y que prevarican por favorecer la tradición autoritaria que brinda impunidad al poder antes que obedecer a la Constitución para favorecer al pueblo.
Pero la letra de la Constitución es clara e incontrovertible: desde el Presidente de la República hasta el barrendero de la municipalidad de Bahía Negra, todos los funcionarios públicos paraguayos son personalmente responsables de la transgresiones, delitos o faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Y aunque muchas grandes democracias en el mundo se derrumben ante la presión de brindar impunidad al poder, la democracia paraguaya debe recorrer el camino contrario y empezar a implementar lo que la Constitución ordena.
Abdo Benítez y sus colaboradores, en la destrucción de la Constitución y, por eso, de la vida y la hacienda de cientos de miles de paraguayos, deben asumir personalmente los costos de los daños que están causando y no debe ocurrir, ni por accidente, que salgan impunes después de tanto abuso.