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Paraguay vive uno de los momentos más críticos en lo que a corrupción se refiere, lo que principalmente se administra desde el poder público, impactando luego en la vida de cada uno de los ciudadanos. Varias muertes por covid pudieron evitarse, pero no lo fueron por la ineptitud y angurria de los que comercian con la vida de las personas en el Gobierno y el sector privado; los muertos que confiaron en la seguridad de los puentes construidos e inaugurados con hermosos videos propagandísticos, pero que al pasar por ellos caen encontrando la desgracia; los niños que con esperanza van a las escuelas confiados en que serán preparados para desarrollarse plenamente para cumplir sus sueños, pero que terminan como analfabetos funcionales, sin chances de competir en un mundo globalizado con altas exigencias; las mujeres que con el anhelo de formar una familia conciben hijos pero nunca reciben atención prenatal o asistencia luego de dar a luz o, aún peor, la muerte las sorprende en un centro de salud que ni siquiera tiene antibióticos; los jóvenes emprendedores que no logran progresar en la competencia porque los negocios son controlados por factores de poder sostenidos por políticos; los estudiantes de Derecho que anhelan hacer carrera judicial para servir a su país, pero se encuentran con el patético sistema de selección de jueces y fiscales que consiste en la asignación de cupos de poder a los políticos.
Estas penurias que son el pan de cada día del ciudadano que no se nutre de la corrupción representan la consecuencia de las prácticas inmorales en cada una de las áreas de la sociedad. El lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, los monopolios están a la vista de todos, principalmente gracias a las denuncias que provienen de la ciudadanía o los medios de comunicación, pero poco o nada del Ministerio Público. Los numerosos funcionarios encargados de la investigación dentro de las instituciones y fuera de ellas se dedican en su mayoría a cobrar un sueldo sin asumir su verdadera función de combatir la corrupción.
Como una gran esperanza para la transparencia, que es un pilar del Estado de derecho republicano, se dio a conocimiento público la declaración jurada de bienes de funcionarios existentes en la Contraloría General de la República, lo cual permitió ver en papeles de manera concreta lo que se observa en la vida ostentosa de muchos ministros, jueces, fiscales, diputados, senadores, entre otros. Los bienes que groseramente exhiben no se compadecen para nada con la remuneración que perciben.
Esta evidencia es suficiente para que los fiscales anticorrupción inicien una investigación contundente hasta llevar a los sospechosos a juicio para ser juzgados y castigados. El actuar displicente de los fiscales, encabezados por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, lógicamente no ha tenido ningún resultado en el castigo o la recuperación de bienes mal habidos.
El Ministerio Público es, de acuerdo con la Constitución, el órgano responsable por la persecución de los delitos para lograr el castigo ejemplar. En nuestro país, las fiscalías a veces transmiten más bien la impresión de que son cómplices de los corruptos. Primero hacen lo imposible por no iniciar la investigación; cuando ya no lo pueden dilatar por la publicidad que adquieren, inician una carpeta fiscal haciendo algunos actos engañosos con gran cobertura mediática. A partir de ese momento, los casos vuelven a quedar congelados, para ser olvidados mediante la aparición de nuevos escándalos. Finalmente, cuando el asunto llega a juicio, las pruebas de la fiscalía son insuficientes o tienen deficiencia en su obtención. Todos los caminos conducen a la impunidad.
De esta forma, la fiscalía se parece a un lobo disfrazado de cordero que aparece ante la ciudadanía como interesado en representarla adecuadamente persiguiendo corruptos, pero bajo esa apariencia se esconden los principales colaboradores de los delincuentes de cuello blanco, tan responsables como ellos de la desgracia de los ciudadanos de bien.
Mientras no se cuente con un Ministerio Público serio, comprometido con su tarea patriótica de castigar hechos de corrupción encarcelando criminales y recuperando bienes producto del robo al pueblo como vehículos, propiedades, cuentas en el exterior, no lograremos como sociedad consolidar una verdadera democracia. La misma como sistema de Gobierno debe permitir el imperio de la ley por sobre todo y todos. Con esta premisa se podrá superar el cáncer de la impunidad que hoy es el signo distintivo de una Justicia aplazada reiteradamente.
El Poder Legislativo, por su parte, no debe seguir tolerando la inoperancia cómplice de una fiscala general de Estado que dio muestras sobradas de su falta de interés en combatir seriamente la corrupción.
La República se construye sobre la base del control de los actos de Gobierno y la responsabilidad de los miembros de la sociedad que infringen la ley perjudicando a los demás. Es la gran tarea pendiente, que una vez cumplida, derrotará a la impunidad con la consecuente disminución de las desgracias del pueblo paraguayo.