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Dado el masivo repudio ciudadano a la corrupción y la ineficiencia exhibida por los intendentes y gobernadores provenientes de la “clase política”, sus capitostes han creído necesario, en los últimos años, promover a candidatos ajenos a ella, eligiendo algunos personajes atendiendo la popularidad de que gozan en el mundo del espectáculo. Desde luego, el hecho de que por tal motivo ya sean bien conocidos conlleva una ventaja apreciable, pues, entre otras cosas, reduce el costo de la propaganda electoral. Dos ejemplos elocuentes son el exintendente asunceno Mario Ferreiro y el actual gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González. El uno fue postulado por una alianza opositora y el otro por el Partido Colorado, en concreto, de la mano del expresidente Horacio Cartes, pero el resultado fue el mismo: ganaron sus respectivos cargos, pero fracasaron rotundamente en su ejercicio.
Basta con apuntar que Ferreiro está siendo procesado por la producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación, en tanto que González ya debería ser imputado por declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución penal, a los que hay que sumar la lesión de confianza, con motivo de la ejecución fraudulenta de un millón de dólares por parte de una ONG, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), con la que operaba.
Vale la pena detenerse en esta última cuestión y en su protagonista, el exanimador de fiestas que devino gobernador gracias a un padrino poderoso, luego de que otro farandulero, Rubén Rodríguez, desistiera de su candidatura impuesta por el mismo promotor, porque el dinero prometido no iba a compensar sus pérdidas. González lo reemplazó, pero, a poco de ser electo candidato y demostrando que no tenía idea del manejo de los asuntos político-administrativos, se permitió arengar a los cadetes de la Academia Militar, provocando la destitución de su comandante, el general Víctor Laguardia. Su escasa sensibilidad hacia los gobernados quedó en evidencia cuando en mayo del año pasado, violando la cuarentena, celebró una fiesta de karaoke en la sede de la Gobernación, mientras miembros de comisiones vecinales de Villeta se manifestaban para exigirle que gestione la entrega de kits de alimentos para los escolares del departamento. La Contraloría General de la República informó poco después que, desde diciembre de 2019, la Gobernación tenía en una cuenta del Banco Nacional de Fomento más de dos mil millones de guaraníes para el almuerzo de los alumnos. Recuérdese que, tras ser imputado por ignorar la cuarentena, González tuvo el descaro de negar que dispusiera de fondos para tal objeto.
La reciente presunta corruptela en la que está metido confirma su desvergüenza mayúscula. Resulta que, así como surgen firmas de garaje para ganar licitaciones amañadas, hay entidades privadas que se crean “sin fines de lucro”, como “Organización no Gubernamental” (ONG), solo para apropiarse, en contubernio con las autoridades, de unos fondos incluidos en el Presupuesto nacional para la ejecución de proyectos de interés general.
Pues bien, con el gobernador González, que tuvo la gentileza de ponerse “a total disposición el Ministerio Público”, la maniobra habría sido bastante grotesca: según los indicios, consistió en reemplazar facturas apócrifas por otras de igual carácter, para justificar el gasto de un millón de dólares hecho por el CIAP con el supuesto fin de luchar contra el coronavirus, según la denuncia penal que presentaron la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). De acuerdo a estas fuentes, la citada ONG con la que operaba el gobernador efectuó pagos a proveedores que no fueron hallados y a otros que no se dedican a los servicios supuestamente prestados, como un taller de camiones que habría vendido equipos hospitalarios. Constatados estos hechos, tras las denuncias de prensa y de otras presentadas a la SET por empresas que no trabajaron para la ONG, la Contraloría llamó la atención al gobernador el 20 de mayo último. Parece increíble, pero a los implicados en la maniobra ilícita no se les ocurrió nada mejor que ¡volver a rendir cuentas sobre los mismos desembolsos, esta vez con facturas de fechas posteriores a las de las denuncias!
O sea que, aparte de ser unos presuntos corruptos, aparecen como unos idiotas que habrían reiterado los flagrantes delitos por los que –reiteramos– el Ministerio Público ya debería formular una imputación. Se lo pusieron muy fácil, pero es de temer que su jefa Sandra Quiñónez, a quien con frecuencia se señala como funcional a Horacio Cartes, retarde las actuaciones e, incluso, que terminen en la nada. De hecho, habría intervenido recién el 17 de junio, sin que hasta la fecha se conozcan los primeros avances del equipo integrado por los agentes fiscales Luis Said, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, este último cuñado de Martin Admen, llamativamente un cercano colaborador de Cartes.
Hizo bien el ministro de la Senac, René Fernández, en señalar que la acción penal debe ser ejercida de inmediato, tras la denuncia formal hecha por los dos organismos estatales. En casos así, toda suspicacia es poca. Por de pronto, no estaría mal que la Cámara de Diputados disponga desde ya la intervención de la Gobernación, previo dictamen de la Contraloría. De buenas a primeras, surgen tantos indicios que permiten sostener que la permanencia de Hugo Javier al frente de la Gobernación del Departamento Central es una bofetada a sus representados y a todo el país.
Que se robe dinero destinado a la lucha contra la pandemia es una canallada, pero también lo es, en términos generales, que se monte una trama entre autoridades públicas y cabecillas de “entidades sin fines de lucro” para que el dinero de los contribuyentes termine en sus respectivos bolsillos. Por lo demás, este nuevo escándalo tendría que servir también para que el electorado no confíe a ciegas en los neófitos de la política, por el solo hecho de serlo: como siempre, habría que tener en cuenta la idoneidad y, desde luego, la honestidad. El caso de Hugo Javier lo confirma.