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La ciudadanía está cada vez más indignada por la permisibilidad –la palabra correcta debiera ser complicidad– del presidente Mario Abdo Benítez otorgando patente de corso al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, para hacer vito con el dinero aportado por los contribuyentes puesto a disposición de la cartera de Estado a su cargo. Las constantes denuncias públicas a través de la prensa y de las redes de comunicación social se refieren no sólo a puentes que colapsan o rutas que se cortan con cada lluvia, matando a gentes y dejando sin vías de acceso a poblaciones en diferentes partes del país, sino también al escandaloso despilfarro de dinero público a través de un bien orquestado esquema de escamoteo centrado en el sistemático sobrecosto de obras viales y de otras infraestructuras, como hospitales, cárceles, estaciones de peajes, obras cloacales en ciudades del interior del país, acueducto del Chaco, etc. Con frecuencia se menciona el direccionamiento de los proyectos, para que solo algunos “amigos” puedan llevarlos adelante.
En el tendal de obras presuntamente sobrefacturadas no puede faltar la que la opinión pública bautizó como la “pasarela de oro” –vulgar andarivel peatonal de transposición de la ruta Ñu Guasu–, por el que el ministro Wiens aceptó pagar sin chistar más de dos millones de dólares. Adefesio utilitario construido por la empresa proveedora favorita de bienes y servicios al Estado, Engineering S.A., de Juan Andrés Campos Cervera, amigo de Jorge López Moreira, cuñado del Presidente de la República, sindicado por la opinión pública como su lobista en las instituciones públicas para la obtención de contratos ventajosos.
Sería superfluo listar las obras públicas contratadas a un determinado precio, pero que finalmente salen costando 20% más (el máximo porcentaje de aumento permitido por la Ley de Contrataciones Públicas), y hasta 50% o más aquellas financiadas con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de conformidad con su propia normativa, como es el caso del fallido proyecto Metrobús y de las oficinas públicas construidas en las adyacencias del antiguo Puerto de nuestra capital. Casi todas las obras licitadas y terminadas durante la gestión del ministro Wiens han acusado incrementos. Pero no sólo las ya concluidas. También a la mayoría de las que están en proceso de construcción, el MOPC, por diversas razones (artimañas, sería la palabra correcta) tempranamente ya le ha reconocido el máximo aumento legal. En total, esta administración ya ha aprobado incrementos por un total de 211 millones de dólares.
Esta práctica no es invento de la administración del citado ministro. Es maquiavelismo burocrático para provecho personal heredado de sus antecesores en el cargo. Al respecto, vale la pena citar como ejemplo que la construcción de la ruta de Santa Rosa del Aguaray a Capitán Bado, de 160 kilómetros de extensión, tuvo un sobrecosto de US$ 26 millones. La primera obra inaugurada bajo su gestión fue la ruta Curuguaty-Villa Ygatimí-Ypehú de 82 kilómetros de extensión que a través de cuatro adendas terminó costando US$ 5 millones más que el monto inicialmente contratado.
Otra práctica fraudulenta heredada por el ministro Wiens de sus antecesores es la contratación de empresas consultoras con diversos pretextos, técnicos y burocráticos, con la sospecha pública de que el margen de beneficio para la corona estaba mimetizado en el “overhead” (costo indirecto) de la oferta de licitación. Dos empresas consultoras tuvieron relevancia bajo la administración del exministro Ramón Jiménez Gaona: la chilena Idom Ingeniería y Consultoría, y Deloitte. Por vía de una simple adenda esta última obtuvo un 45% de aumento del contrato original con el pretexto de haberse incorporado nuevas tareas al contrato original.
El ministro Wiens supo optimizar la maña heredada de su predecesor en cuanto a la contratación de empresas consultoras. La más reciente tiene que ver con la realizada a través del cuestionado Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 244 supuestos expertos y especialistas con el cacareado propósito de “fortalecer” la gestión institucional de la cartera de Estado. El costo del convenio es de US$ 10,8 millones. Como era de esperar, el pretexto esgrimido por las autoridades del MOPC en plena emergencia sanitaria a causa del covid y carencia de recursos para la atención médica, llamó la atención esta inoportuna y aparentemente innecesaria inversión. Investigaciones periodísticas sacaron a luz algunas aristas llamativas, como que del total de contratados, una ínfima cantidad incluye a ingenieros y arquitectos, o la contratación de personas de un perfil profesional no acorde a las funciones a desempeñar.
Ante tantas señales que inducen a pensar en irregularidades, corresponde señalar que la estratagema burocrática patentada para inflar los costos de las obras públicas sigue siendo siempre la misma: modificación del paquete estructural de las rutas en construcción con pretextos que van desde el mal diseño de ingeniería elaborado por firmas consultoras –por lo general, meras empresas de fachada de las propias empresas constructoras–, hasta culpar a cultivadores de arroz, como lo hizo el ministro Wiens para tratar de justificar sobrecostos en la construcción de la ruta Villeta-Alberdi. Puede ser también por “pedido de un grupo de vecinos”, como en el caso de la construcción del muro protector de circunvalación de la ciudad de Pilar.
Como se ve, la historia no ha cambiado en absoluto en cuanto a las obras públicas. La “patria contratista” sigue casi intacta y los beneficios adicionales continúan fluyendo sin muchos contratiempos. Solo cambian de vez en cuando quienes reparten las prebendas.