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La exaltación a los antivalores, a la conducta desleal, el fomentar la desobediencia de la ley es ya una costumbre en la politiquería paraguaya. Uno de sus exponentes, el expresidente Horacio Cartes, también aportó lo suyo. El último viernes, en San Juan Bautista, Misiones, dijo en un acto público: “El dirigente que no hace tráfico de influencias no es dirigente político. Sigan haciendo tráfico de influencias cuando sea para servir”.
Estas expresiones que instigan a lo contrario a derecho dichas con mucho énfasis por el mismo ya no sorprenden, lo cual no debe ser considerado normal ni aceptable. Recuérdese que, tras reconocer varias veces la inconstitucionalidad de la reelección presidencial, él lo intentó luego por un camino torcido, lo que desembocó en violentos episodios, por lo que el intento fue bautizado “enmienda de sangre”.
Ningún ciudadano está legitimado a incitar a la desobediencia de las leyes. La Constitución Nacional al respecto señala categóricamente: Artículo 127 - DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia.
Lo que hizo el expresidente es justamente predicar la desobediencia de la ley, puesto que sabe perfectamente que el tráfico de influencias es un delito. El Código Penal prescribe sobre dicho tipo penal: Artículo 237.- Incitación a cometer hechos punibles.
1º.- El que públicamente, en una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como instigador.
2º.- Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo.
Estas disposiciones no pueden resultar más claras. La cuestión es: quién le pone el cascabel al gato, en un país con una Fiscalía y una Justicia sometidas a los poderosos.
En el caso del efusivo discurso de Cartes, se da justamente lo que señala el artículo trascripto, ya que el tráfico de influencias es un hecho antijurídico específico con pena privativa de libertad, y de acción penal pública. Sus expresiones no fueron genéricas sino específicas. Por un lado, esta situación obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio, pues se trata de una conducta flagrante, lo que incluso es más que suficiente para imputar al poderoso empresario, que acostumbra en sus discursos ofender a mujeres, adversarios políticos y a cualquiera que no le muestre abyección.
Pero la opinión generalizada es que, como señalamos, una vez más, por tratarse de quien se trata, la fiscalía no hará nada, mirará a otro lado y no moverá un dedo. Así se comporta cuando los sospechosos son del entorno de HC. Eso pasó con el lavado de dinero atribuido a Darío Messer y los funcionarios del BNF; lo mismo que con Ramón Jiménez Gaona y el metrobús; el intento de atropello de la Constitución cuando buscó su reelección lo que concluyó en graves hechos que afectaron a toda la sociedad; y ahora como sucede con el escándalo del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier, y el desvío de fondos provenientes de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, el procesamiento impensable de Horacio Cartes, aunque parezca contradictorio, no es lo más grave que pueda extraerse de su nuevo exabrupto. Lo que dijo es lo que piensa, ya que de esa manera se ha comportado siempre, dejando en claro que la ley es lo que menos le importa, tal como pasó cuando no quiso dejar el poder, o cuando consultado qué opinaba sobre la manifestación de jóvenes en el Panteón de los Héroes respondió: “balín de goma”.
La decadencia de los actores políticos es precisamente lo que muestra quien llegó nada menos que al cargo más alto de una República. Resulta escalofriante que alguien como este personaje haya gobernado el país con esos criterios antidemocráticos. Es el respeto a la ley lo que sostiene a los sistemas democráticos, porque con ello se garantiza el derecho de todas las personas, lo que se apoya con el principio de igualdad.
Cartes piensa, dice y hace todo lo contrario. Desprecia el respeto a la ley y la igualdad entre las personas. Considera que los ciudadanos deben afiliarse a un partido para buscar beneficios indebidos por sobre aquellos que deciden no afiliarse al Partido Colorado. Para él, los colorados son de primera y los demás, de segunda, tercera o cuarta categoría.
Quien fue presidente de la República administró el país beneficiando a sus amigos y atacando a quienes osaban pensar diferente. Sigue la misma línea que el dictador Stroessner: para los amigos todo, para los enemigos palo, para los indiferentes la ley.
Su discurso de odio y exclusión hace retroceder a la sociedad democrática que no puede permitir este tipo de ofensas, pues de lo contrario corre el riesgo de caer nuevamente en épocas de ostracismo. La representación mental de HC, semejante a una monarquía, para lo cual obviamente le falta el título de nobleza, o a una dictadura, para lo que le falta popularidad y apoyo ciudadano, es repugnante.
La imagen brindada públicamente por Cartes en Misiones es realmente la de un hombre patéticamente antidemocrático y despectivo hacia los principios de una República. Su error más importante tal vez sea que crea en su supuesta popularidad, la que en estricto rigor está motivada por su inmensa fortuna, y subestime al pueblo paraguayo, que ya le puso freno en su intento de permanecer en el poder. Este pueblo es el que estará nuevamente frente a él cada vez que intente atropellar sus derechos, que los ganó no por liderazgo ni convencimiento en sus ideas, sino por poder económico y lo que ello trae aparejado.