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El nuevo escándalo que salió a luz acerca de una “funcionaria” del Congreso al servicio del condenado exsenador Óscar González Daher con sueldo solventado por los contribuyentes, así como las múltiples excusas, en realidad la sucesión de abiertas mentiras, con que los responsables de que eso no suceda intentaron justificarlo y justificarse, no hacen más que demostrar que los grandes vicios que inficionan el sector público paraguayo y frenan el desarrollo nacional siguen tan vigentes como siempre y que en poco y nada se ha avanzado en la reforma del Estado que nos vienen prometiendo hace treinta años.
Un equipo periodístico de ABC constató que María Laura Miers Espínola todas las mañanas se presentaba y permanecía varias horas en el domicilio de Óscar González Daher cuando debía estar en su puesto de “trabajo” en la Secretaría General de la Cámara de Senadores, donde figura como “jefa de asesoría jurídica” con un sueldo público de G. 7.300.000 más una bonificación “por responsabilidad” de G. 2.190.000.
Cuando se le preguntó sobre esa persona al secretario general, Antonio Sánchez, dijo que la conocía, que llevaba años en el Congreso Nacional y que en ese momento estaba con permiso médico. Pero, tras ser enfrentado con la evidencia, señaló que al menos eso fue lo que se le había reportado y le pasó la pelota al jefe de gabinete de la Secretaría General, Juan José Caballero.
Caballero dijo que su jefe “se confundió nomás” y que María Laura Miers no se encontraba en ese momento porque estaba trabajando “en modo cuadrilla”. Indicó que ese día le tocaba hacer teletrabajo y que debía acudir presencialmente los martes, miércoles y jueves, aunque no proporcionó la planilla de asistencia con el pretexto de que “se carga en el sistema cada fin de mes”.
También él, confrontado con la evidencia de que tampoco esos días María Laura Miers fue al Senado, sino a la casa de González Daher, alegó titubeando que no puede ser “niñero de 1.500 funcionarios del Congreso” y trasladó la responsabilidad a “su jefa de dirección”, Fátima Núñez, directora de Proceso Legislativo de la Secretaría General, quien ya no habló.
Hecho público el nuevo escándalo, se informó que Antonio Sánchez ordenó a la Dirección de Talento Humano, a cargo de Norma Cardozo, instruir sumario a la “funcionaria”. Cardozo sin pudor declaró que “en épocas electorales suelen pasar estos casos de planillerismo” y dijo que el sumario puede durar unos seis meses, durante los cuales Laura Miers, aunque apartada del cargo, seguirá percibiendo su salario. Lo último que se dio a conocer fue que había pedido “online” sus vacaciones, cuando es vox populi que hace por lo menos un año que no se la ve por el Senado.
Como si faltara probar que este dista de ser un caso aislado, el martes 31 de agosto el diputado Pedro Alliana divulgó una foto de una decena de funcionarios públicos “abrazándose” en horario laboral con Horacio Cartes y con el “equipo” de González Daher en Luque, que propugna el rekutu del exintendente Carlos Echeverría y del concejal Óscar González Chaves, hijo de OGD y también condenado, por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
Entre otros, aparece Enrique Quintana, funcionario de la Cámara de Diputados con sueldo de G. 5.200.000, quien aseguró “en honor de todos los ciudadanos luqueños” que concurrió a ese acto estando de vacaciones, efectivas hasta el 2 de septiembre. Sin embargo, en el mismo día de la foto figura en Diputados su marcación de entrada y salida, cosa que no pudo aclarar.
Estos episodios no son banales, son reiteradas burlas y bofetadas a la gente que paga sus impuestos, a los que legítimamente tratan de acceder a oportunidades sin menoscabo de su dignidad, a los muchos funcionarios que sí cumplen y se esfuerzan por dar lo mejor de sí, pero que generalmente quedan marginados por los que les deben sus puestos y sus inmerecidos ascensos no a su capacidad y dedicación, sino a los caudillos y sus capataces que siguen haciendo y deshaciendo en la administración pública ante el rostro de toda la sociedad.
Demuestran que continúa como si nada la nefasta práctica del uso patrimonialista de los recursos del Estado por parte de aquellos que alardean servir a sus comunidades y a la Patria, pero que solo buscan servirse de ellas. De nada valieron los casos testigo de Víctor Bogado, de José María Ibáñez, de Tomás Rivas, que no solo merecieron procesos y condenas, sino el repudio generalizado de la ciudadanía.
Los encargados de controlar no lo hacen, ya sea por complicidad, por adulonería o porque también ellos se acobardan ante los poderes fácticos y se rinden ante “costumbres” que, no por comunes y extendidas, son menos deplorables. Se escudan en que “suele pasar” o que “no puedo ser niñero de 1.500 funcionarios”. Si este fuera un argumento válido, ¿qué tendrían que decir, por ejemplo, los gerentes de compañías privadas como Walmart, con 2 millones de empleados en 28 países del mundo? Si se declaran incapaces de hacer su trabajo y asumir sus responsabilidades, que se los dejen a otros que sí pueden. De paso, que expliquen por qué la Secretaría General del Senado necesita una “jefa de asesoría jurídica” cuando la Cámara ya tiene una Dirección General de Asesoría Jurídica, y por qué se requieren seis meses para un sumario tan simple como corroborar si una funcionaria cumplió o no con las obligaciones laborales por las que se le paga.
Si de ellos no podemos esperar demasiado, entonces los ciudadanos tenemos que actuar por nosotros mismos con las armas que nos da la democracia: nuestra protesta y nuestro voto. Estos vicios sin duda benefician a algunos pocos, pero perjudican y ofenden a todo el resto. Con seguridad la gran mayoría de los luqueños pertenece a este último grupo. En las próximas elecciones municipales, háganselo saber.