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En estos días se cumplieron 20 años del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, que inauguró la era de ese tipo de acción criminal por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este aniversario motivó diversas reacciones, como las del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien negó que el secuestro se haya convertido en una “industria” en el Paraguay. Si bien literalmente el ministro puede tener alguna razón, sus palabras, que siempre buscan minimizar las deficiencias del Gobierno para combatir la inseguridad, pueden calificarse al menos de inoportunas, considerando que, desde bastante tiempo, tres compatriotas continúan cautivos en poder de la mencionada banda criminal. Precisamente, las hijas del exvicepresidente de la República Óscar Denis le respondieron en un comunicado, en uno de cuyos párrafos expresaron: “lo grave de esa expresión (de que no existe una industria del secuestro) no es que pretende esconder la vergüenza de la ineficiencia o que desconozca la magnitud del problema, sino que conociéndolo, prefiera minimizarla”. Tal cual.
Y bien, en estas condiciones, no sabemos hasta cuándo estos compatriotas privados de su libertad permanecerán en poder de sus captores, sin noticia alguna de su situación, por la comprobada inutilidad de la costosa unidad creada para combatir a los despiadados criminales que pretenden aparecer como reivindicadores sociales. Nos referimos a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy insertada dentro del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), desplegada en los departamentos del norte de la Región Oriental con ese fin.
En efecto, hace más de 8 años que el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, firmó el Decreto N° 103, por el que dispuso “el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, con la finalidad de garantizar la seguridad interna (…)”. En tal lapso, el sostenimiento de la FTC-CODI ha costado a los contribuyentes más de 125 millones de dólares. Irónicamente, la acción de los criminales alcanzaría su pico durante la gestión del presidente Cartes, quien había sostenido enfáticamente que no iba a permitir que el EPP le marcara la hoja de ruta a su Gobierno.
El presidente Mario Abdo Benítez recibió de su antecesor el presente griego del CODI sin beneficio de inventario, con su estrategia de despliegue operacional consistente en puestos de centinelas o retenes, con un par de efectivos, sin capacidad de reacción eficaz, tal como se ha demostrado en casos de ataque por parte de elementos del EPP, acampando el grueso de sus efectivos en el asiento del Batallón de Ingeniería ubicado en la localidad de Arroyito, distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción. El dispositivo táctico de la FTC, en vez de ser la incursión en los montes en procura de los criminales de conformidad con datos de inteligencia aportados por sus informantes, consiste en destacar patrullas en camiones por los caminos vecinales, sin resultado alguno, pues, obviamente, los elementos del EPP apostados en los bordes internos de los bosques no se dejan ver. Además, estas patrullas han sido objeto de sangrientas y fatales emboscadas.
Con este modus operandi, raramente la FTC-CODI ha conseguido dar con los forajidos. Y cuando eso ocurre, por lo general los mismos consiguen escapar ilesos, pues son precavidos en cuanto a la seguridad de sus campamentos.
Claramente, hasta el más profano en la materia sabe que con semejante estrategia operacional la FTC-CODI nunca va a desarticular la antigua banda criminal del EPP, y los contribuyentes deben seguir aportando inútilmente los US$ 12 o 15 millones que cuesta al Estado mantener una fuerza híbrida militar-policial-civil, sin unidad de mando, incapaz de cumplir la misión que le ha sido asignada por ley para “garantizar” la seguridad interna de la República, como está consignado en el decreto de su creación.
Si el Gobierno quiere acabar con la minúscula gavilla criminal del EPP y sus ramificaciones Agrupación Campesina Armada (ACA) o Ejército del Mariscal López (EML), y otras que puedan aparecer en el terreno delictivo abonado por el crimen organizado trasnacional dedicado al narcotráfico y al contrabando, debe decidirse a combatirlas con firmeza en su propio terreno, en el monte, y no mantener sus fuerzas en las periferias o en campamentos estáticos para beneplácito de los malvivientes.
A este paso, nuestro país continuará soportando la muerte o el secuestro de sus ciudadanos, cuya gravedad las autoridades –como Arnaldo Giuzzio– se niegan a admitir. Y también continuará sin pausa la tremenda angustia que sufren familias como las de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, mientras la banda criminal continúa manteniendo en zozobra a una importante zona del país, evitando así que se convierta en un emporio de desarrollo.