11 de diciembre de 2023
Numerosos hechos violentos se registraron, contando solamente los primeros días de esta semana, en una estadística que asusta y da idea del tétrico cuadro de violencia que viene soportando nuestro país, que obliga a la población a vivir como en cárceles, detrás de rejas de puertas y ventanas de sus hogares, y adoptando medidas de precaución cuando sale a las calles. Estos graves sucesos permiten afirmar que la inseguridad creciente es un gravísimo problema nacional, en la medida en que no se limita a la Gran Asunción y a las mayores ciudades del interior del país. Es una cuestión de vieja data que, hasta la fecha, está muy lejos de ser resuelta, pese a las promesas y a los planes que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional anuncian periódicamente.
Numerosos casos convirtieron al Palacio Legislativo en algo bastante parecido a un antro. Es extensa la lista de diputados y senadores despojados de sus bancas o que se vieron obligados a renunciar a ellas, por tráfico de influencias o presuntos vínculos con la corrupción. En los últimos comicios fueron electos algunos legisladores pese a que sus nombres aparecían en importantes investigaciones o procesos judiciales. Lo apuntado refleja la pésima calidad del Congreso. Se diría que sus miembros deben tener excelentes dotes morales e intelectuales, pero dichas cualidades suelen permanecer ocultas. Así, los poderes legislativos han venido perdiendo el respeto que se merecen, al punto de que son comparados con un prostíbulo o un circo.
El pedido del presidente electo, Santiago Peña, al diputado Erico Galeano –hoy senador electo– de que opte por dar un paso al costado ante la imputación por lavado de dinero y asociación criminal, es una jugada que se sale del esquema habitual de protección mutua entre quienes integran un mismo equipo de actuación política coordinada para el funcionamiento eficiente del aparato de impunidad. El electo vicepresidente de la República, diputado Pedro Alliana, informó que la bancada cartista apoyará el desafuero de Galeano, tras lo cual, este dijo que solicitaría “motu proprio” dicha medida, cambiando su intransigente postura anterior. Este caso planteará una prueba de fuego –una “pelota tatá– para el nuevo escenario político que se viene.
La enorme mayoría de los aportantes del IPS, al igual que el resto de los consumidores y productores del país, sufrieron el año pasado las consecuencias de la guerra en Ucrania y la suba del dólar con aumentos permanentes del precio de los combustibles, que siguen muy por encima de los valores anteriores a la crisis, pero no así sus “representantes” en el Consejo de Administración, a quienes esos mismos aportantes les costearon sin ninguna justificación admisible cerca de 25.000 litros entre enero de 2022 y enero de 2023, suficientes para dar cinco veces la vuelta al mundo. El Consejo del IPS debe ser eliminado. No sirve absolutamente para nada más que para rifar el dinero de los asegurados.
A pedido del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), la Junta Municipal aprobó por amplia mayoría la prolongación del estado de “emergencia ambiental por multiamenazas: temporal, incendio, fenómeno de La Niña y otros, y circulación viral de dengue y chikunguña”. En otras palabras, semejante “emergencia” y el adjetivo indefinido “otros” bien podrían responder a cualquier cosa, durar para siempre por reiterada voluntad municipal y ser declarada por cualquier otra municipalidad, para eludir los procedimientos normales de las contrataciones públicas. Los concejales también aprobaron que la Dirección General de Gestión de Reducción de Riesgos realice compras por la apetecida vía de la excepción.
La ambulancia del Centro de Salud de San Bernardino, la “ciudad veraniega” por excelencia, se halla fuera de servicio desde hace dos semanas, porque está siendo reparada en un taller de Asunción. El arreglo costaría unos treinta millones de guaraníes y demandaría aún tiempo indeterminado. Entretanto, para casos de urgencia, se recurre a la patrullera de la comisaría local, a la ambulancia de los bomberos o a las de centros de salud de localidades cercanas, que mientras tanto quedan sin sus respectivos vehículos. Es increíble que esto ocurra a escasos 35 km de nuestra ciudad capital, lo que da una clara idea de las necesidades que han de soportar localidades de departamentos más alejados.