28 de septiembre de 2022
Con el guiño del P. E. y de las autoridades de Petropar, quienes, evidentemente, se arrodillan ante presiones sectoriales sin importarles ni los intereses del fisco ni el patrimonio de la empresa estatal que “administran”, los senadores José Ledesma y Carlos Zena (PLRA) presentaron un proyecto de ley para establecer “precios promocionales” (subsidios) de combustibles que, según admiten los propios proyectistas, no saben ni cuánto van a costar, ni a quiénes van a favorecer, ni si es suficiente la fuente de financiamiento, entre otras cosas, todo eso sin considerar la injusticia de beneficiar a una minoría de la población a costilla de toda la ciudadanía.
Si cualquier persona o cualquier empresa privada recurren a un banco para solicitar un préstamo, les analizarán su estado de cuentas, su flujo de ingresos y egresos, su capacidad de pago, les estudiarán sus antecedentes, evaluarán el riesgo y, finalmente, les pedirán garantías suficientes para ser ejecutadas en caso de incumplimiento. Sin embargo, el gobierno de Horacio Cartes le “prestó” de un plumazo nada menos que 80 millones de dólares de fondos públicos a la Industria Nacional del Cemento, que en casi una década prácticamente no ha pagado ni los intereses y nadie se hace responsable. Los que sí están pagando religiosamente esos préstamos son los contribuyentes paraguayos.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, expuso su deseo de que el Congreso respete los topes financieros fijados por el Poder Ejecutivo en el proyecto del Presupuesto General de la Nación, que la racionalización del gasto rija para todas las entidades estatales y que se mantenga el equilibrio presupuestario. El llamado es oportuno, pues los legisladores tienden a aumentar el gasto público para satisfacer a la clientela, pretextando que serán cubiertos con ingresos tributarios ficticios. La advertencia resulta ahora aún más necesaria, dado el serio riesgo de que las próximas elecciones generales induzcan a la compra de votos a costa del fisco.
El gremio de “camioneros”, más propiamente de empresarios del transporte de cargas, anuncia una movilización este lunes para exigir una rebaja generalizada de 1.500 guaraníes por litro en el precio del gasoíl común y la nafta de 93 octanos y adelanta que no se sentará a escuchar razones ni a negociar con las autoridades. Más que nunca el país necesita sensatez de parte de sus líderes en los diversos ámbitos y esta intransigente posición no la refleja. Está muy bien reclamar máxima transparencia en la conformación de un precio tan sensible, y el propio sector privado debería colaborar en esa tarea en honor a sus clientes. Pero el combustible es un commodity cuya cotización es fijada por la oferta y la demanda internacionales.
Ayer se cumplieron dos años desde que el exvicepresidente de la República Óscar Denis fue secuestrado por una banda criminal. Desde esa vez comparte los infortunios del policía Edelio Morínigo y del ganadero Félix Urbieta, en cruel cautiverio desde 2014 y 2016, respectivamente. Al igual que los afligidos allegados de las otras víctimas, de nada sirve a la esposa e hijas del exmandatario que el EPP esté “estratégicamente derrotado”, según dijo en abril último el portavoz de la FTC-CODI. El drama continúa, pues el EPP parece estar “vivito y coleando”, ante la indiferencia de quienes tienen el deber de velar por la vida, la libertad y los bienes de los demás.
Según Luis Ávila, de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), el Instituto de Previsión Social (IPS) adeuda nada menos que unos 242 millones de dólares (1,5 billones de guaraníes) por la compra de medicamentos e insumos. Entre estos últimos se cuentan los reactivos químicos, indispensables para cualquier análisis laboratorial: los proveedores ya habrían advertido que suspenderán las entregas si la deuda no es saldada aunque sea en parte. Se entiende así la permanente queja de los asegurados y de sus familiares por la falta de medicamentos e insumos.