El Congreso sancionó una ley que desvirtúa la norma constitucional que obliga a quienes ejercen la función pública a prestar una declaración jurada de bienes y rentas tras asumir el cargo y otra luego de abandonarlo. Es obvio que deben ajustarse a la verdad, para que al cotejarlas sea posible constatar si el declarante cometió o no el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Si los errores u omisiones que contengan no fueran sancionados, las manifestaciones hechas bajo juramento serían meras formalidades, sin importancia alguna. Tal sería la consecuencia si quien cobra remuneraciones permanentes del Estado pudiera “efectuar en cualquier momento las rectificaciones que crea convenientes”.
Según el propio IPS, su misión consiste en “otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez, mediante la excelencia en la gestión de los recursos, para el bienestar de sus beneficiarios”. Se trata de una broma de mal gusto, dado que se distingue por prestar un pésimo servicio. Resulta que la corrupción, la desidia y la ineficiencia allí reinantes, que lo convierten en una de las peores entidades públicas del país, pueden poner en serio riesgo nada menos que la vida de los asegurados. El descuento obligatorio del 9% de su salario es retribuido hasta con el maltrato a los pacientes y a los familiares que los acompañan.
Lo normal sería que un político llegue primero a la presidencia de su partido para desde allí aspirar a la del país. Empero, en el Paraguay la “carrera de los honores” puede invertirse y fue así que el entonces jefe de Estado Nicanor Duarte Frutos se postuló en 2006 para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR para pedir permiso tres horas después de ocuparla, ante la gran indignación expresada por la ciudadanía: ya se había dado el gusto de presidir la sesión inaugural, simultaneando un cargo nacional y uno partidario. Todo indica que Mario Abdo Benítez quiere imitarlo, aunque las exigencias de la Carta Magna se opongan a su pretensión. Resulta imposible ser a la vez jefe de Estado y presidente de un partido.
“Las declaraciones de victoria del Gobierno es una muestra de su derrota frente al EPP...”, expresó con pesar pero con mucho acierto Beatriz Denis, una de las hijas del exvicepresidente Óscar Denis, al cumplirse 600 días del secuestro del citado político, de cuyo paradero y estado de salud nada se conoce, como tampoco se sabe de otros dos secuestrados con mucha antelación, el policía Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta. Por eso, y por otras circunstancias, hasta resultarían risibles si no fueran tan trágicas y ofensivas las recientes declaraciones del Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero del CODI/FTC, de que el EPP “está estratégicamente derrotado”.
Los documentos revelados en torno a las vacunas contra el covid-19, encargadas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), muestran tanto el fiasco del Mecanismo Covax, cuyo objetivo era que todos los países las recibieran en forma equitativa, como la decisión gubernativa de adherirse a unas condiciones ignoradas por la ciudadanía, que resultaron lesivas para el erario. En efecto, el 1 de octubre de 2020, el Estado desembolsó 6.847.000 dólares para obtener 4.279.800 dosis, pero terminó recibiendo solo 1.093.200 y con mucho retraso, razón por la que el programa de inmunización empezó recién en febrero de 2021, con vacunas compradas del Fondo Ruso de Inversión Directa y aplicadas al personal sanitario; las primeras 36.000 dosis obtenidas a través del Mecanismo llegaron un mes después
El país se halla en medio de una crisis económica provocada por la pandemia y agravada por la suba del precio del combustible. Ella sigue afectando, en general, a quienes laboran a cambio de una remuneración, sobre todo en el sector de los servicios, dado que los obreros –tradicionalmente asociados con el festejo del 1 de mayo– constituyen solo una parte muy pequeña de la población económicamente activa. Las perspectivas no son alentadoras para quienes tratan de hallar o recuperar un empleo en la industria o en los servicios. La Central Unitaria de Trabajadores-Auténtica está exigiendo un reajuste del 30% del salario mínimo vigente, lo que equivale a nada menos que 550.000 guaraníes. Si la desmedida pretensión fuera satisfecha, la espiral inflacionaria se agudizaría en perjuicio de todos, incluso de los supuestos beneficiarios. Demandas excesivas pueden trabar la recuperación económica, imprescindible para combatir la pobreza, creando y manteniendo fuentes de trabajo.