Más que un clan, una auténtica gavilla

La revelación más escandalosa del juicio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo no son los G. 6 billones que movieron –solamente– del 2013 al 2018. Tampoco son los 4.700 cheques incautados en el allanamiento ni que los préstamos que daban a sus “clientes” podían alcanzar hasta US$ 5 millones por persona, o entregar hasta US$ 30 millones por día. Ni siquiera es la incógnita de dónde salía el dinero que movían considerando que la familia no tenía otros ingresos, según constató la Fiscalía. Tampoco sorprendió mucho a la ciudadanía enterarse de la bravuconada que Ramón habría hecho ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cuando fue requerido por su colosal deuda.

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Los escándalos descomunales son otros. Son auténticos crímenes tipificados por nuestra ley: en una nación con apego a la justicia, por este caso estarían en la cárcel varios hombres y mujeres protagonistas en nuestro país.

Cual osamentas cadavéricas, y con la misma pútrida fragancia, brillan las instituciones que a través de algunos de sus personeros fueron las bisagras que permitieron el funcionamiento de estos crímenes bien organizados. Sin perjuicio de otros cómplices y encubridores, deberían buscarse y condenarse a los responsables que estaban en:

1) La SET, que nunca cobró los impuestos que debieron haber pagado todos y cada uno de los integrantes del clan. Varios exviceministros, consumados perseguidores del chiquitaje, permanecieron impávidos e inconmovibles ante la evasión impositiva.

2) La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que a través de su inteligencia financiera nunca detectó las descomunales movidas, el flujo de la fortuna, las camionadas de billetes que eran movidos a bancos extranjeros, el lavado de dinero. Experta en poner la lupa sobre modestos movimientos ciudadanos, la institución no vio los crímenes que cometía la gavilla. Y si los vio, los encubrió con un sórdido silencio.

3) La Fiscalía, que denunció a más de medio millar de personas en nombre del clan González Daher; desvergonzados fiscales y fiscalas que funcionaban de “cobradores” y matones de turno persiguiendo a la gente para que el clan engrosara sus bolsillos con el dinero ajeno. Ya no son simplemente sospechas: el propio Ministerio Público ha confirmado que utilizaron hasta denuncias penales para triturar de miedo a quienes debían plata. Casi dos centenares de compatriotas fueron apretados por fiscales hombres y mujeres que hasta hoy están impunes ejerciendo sus cargos.

4) El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que parecía tener, más que un titular de un organismo, a alguien que fungía de líder de una banda que arrodillaba a jueces y fiscales que se negaban a ser funcionales al apriete del clan. Los audios del difunto Óscar González Daher no solo reflejaban un demoledor tráfico de influencia, sometimiento e injerencia; los audios confirmaron, por sobre todas las cosas, que posiblemente había una organización criminal, un hecho punible que aún no se ha llevado ante la justicia. Y por último, en el rosario de instituciones que nada hicieron estuvo el inefable:

5) Poder Judicial. Su majestad la “Justicia” fue el resorte que permitió, toleró, encubrió y alentó los aprietes de esta rosca mafiosa hacia ciudadanos que perdían sus hogares, sus empresas y fábricas; gente que era despojada y ultrajada dando zarpazos a sus vidas y a sus finanzas, paraguayos que soportaron la humillación de violentos mensajes telefónicos según lo indican abundantes páginas de las casi 20.000 presentadas por los fiscales.

El proceso que lleva adelante la Fiscalía y lidera el fiscal Osmar Legal es la confirmación de todas las peores sospechas sobre gran parte del sistema financiero, judicial, fiscal, impositivo y de prevención de lavado de dinero que NO funciona en la República del Paraguay. Estamos en presencia de un Estado fallido que tolera crímenes del Poder y crucifica a los comunes: una justicia poderosa con los débiles y débil con los todopoderosos. Estamos en un territorio liberado donde, con los pases que otorga el Poder, se puede apretar, torturar y crucificar a cualquier ciudadano y encima rotularlo como supuesta “justicia”.

Como en pocos casos anteriores, el Ministerio Público ha logrado sentar –entre los testigos– a impensadas víctimas del sistema: empresarios, inversores, emprendedores, microempresarios, líderes de consorcios y hasta periodistas, todos molidos y exprimidos por el mismo mecanismo. La estrategia fiscal ha exhibido pruebas técnicas irrefutables, cruces de celulares, copias de mensajes telefónicos y testimonios; han usado como elementos probatorios los mismísimos procesos que se llevaban adelante desde la Fiscalía y varios que se ventilaban en los juzgados. Si bien la mafia logró robar casi 400 cheques, no menos cierto es que quedaron otros miles, los suficientes para empapelar el Palacio de Justicia.

La semana que viene podría arribarse al tramo final del juicio. Una condena y sentencia justa podría dar algo de paz pero nunca les devolverá el pan robado a muchas familias sobrevivientes. Lo más importante de todo: esto es apenas el primer capítulo, el primer round de esta pelea que está lejos de haber terminado.

Aún falta procesar y castigar a los mayores culpables, cómplices y encubridores que facilitaron este territorio liberado para el crimen; los culpables que permanecieron ciegos, sordos y mudos ante la expoliación del clan González Daher. Falta que den sus explicaciones ante la justicia varios exviceministros de Tributación, extitulares de Seprelad, fiscales del Ministerio Público, varios jueces del Poder Judicial, ex y actuales miembros del JEM, además de ex y actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia. La organización del clan González Daher no fue solamente una asociación ilícita para el apriete y cobranza de préstamos con gigantescas e ilícitas tasas usurarias. Todas las evidencias apuntan a que fue una auténtica gavilla con miembros de los mismísimos poderes del Estado.

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