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SAN LORENZO (Gladys Villalba Jara, corresponsal). En la mañana de ayer más de 600 ciudadanos de esta localidad marcharon por la avenida España, donde está ubicada la sede Municipal, y sobre Defensores Del Chaco, frente a la empresa SL Parking SA, consorcio encargado del cobro tercerizado de estacionamiento.
Los pobladores aseguran que el proyecto de estacionamiento tarifado, que fue implementado desde este mes en el municipio, es una estafa. La firma tercerizadora se llevará el 77,6 por ciento de todo lo recaudado por aparcamiento, cuyo costo es de G. 3.000 por hora.
Silvia Villalba, una de las organizadoras de la marcha, dijo que hasta la fecha desconocen quiénes serían los verdaderos representantes de la sociedad. “Para nosotros es una empresa fantasma. Nosotros ya tuvimos una reunión con la administración de esta empresa y su representante legal, el señor Catalino García, nos dijo que no le conocía a los dueños“, señaló Villalba.
También mencionó que existen fuertes versiones de que el plan del estacionamiento tarifado sea un verdadero negociado del intendente de esta ciudad, Albino Ferrer, y su hijo el concejal Néstor Ferrer.
El consorcio SL Parking, representado por el ingeniero Francisco Fiorio, fue adjudicado para la implementación de este plan. La citada empresa se quedará anualmente con el 77% de las recaudaciones en concepto de tasas, multas por la implementación del estacionamiento tarifado, mientras que la Municipalidad, con apenas un 23%. Las calles afectadas en total conforman unas 80 manzanas.
Por otro lado, Silvia Villalba indicó que el contrato firmado entre la Municipalidad y SL Parking SA presenta una serie de irregularidades que serán presentadas mediante una nota la próxima semana a la Contraloría General de la República, solicitando la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo.
El pliego de bases y condiciones por el cual la Municipalidad de San Lorenzo concede el servicio de estacionamiento tarifado al consorcio SL Parking, representado por el ingeniero Francisco Fiorio, favorece más a la empresa antes que a la Comuna. En los puntos que citan las obligaciones de las partes menciona que todo el aparato de la institución, incluso funcionarios, estará prácticamente a disposición de la empresa.
Igualmente, se deberán facilitar los medios necesarios para obtener información sobre los titulares de los vehículos en infracción. La Municipalidad local también deberá disponer de una playa municipal, es decir, un corralón.
El consorcio también podrá prestar cualquier otro tipo de servicio de control con una simple adenda a ser incluida en el contrato a través de una resolución del intendente.