HONG KONG (AFP). Hong Kong, región semiautónoma del sur de China, vive su mayor crisis política desde su retrocesión en 1997, con acciones casi diarias en la que los manifestantes denuncian un retroceso de las libertades y la creciente injerencia de Pekín.
La excolonia, un gran centro financiero internacional, ha sido escenario de una escalada de violencia en las últimas semanas, aunque las más recientes manifestaciones fueron relativamente tranquilas.
Pero la tensión volvió a resurgir. Miles de manifestantes, muchos de los cuales llevaban máscaras de gas y cascos, fueron bloqueados por decenas de policías antidisturbios, cerca de una comisaría.
Tras algunas horas de tensión, las fuerzas de seguridad intervinieron lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes, que les arrojaron botellas, piedras y otros objetos. Varios manifestantes fueron detenidos.
La excolonia británica es escenario desde junio de manifestaciones contra un proyecto de ley que autoriza las extradiciones hacia la China continental, donde la justicia está bajo la influencia del Partido Comunista.
El proyecto de ley fue suspendido por las autoridades de Hong Kong, pero el movimiento amplió con rapidez sus reivindicaciones para pedir más democracia, en una ciudad donde los jóvenes enfrentan el alza del costo de la vida y desempleo.
Las manifestaciones inicialmente fueron pacíficas, pero a partir de julio degeneraron en duros choques entre radicales, que arrojaban piedras y ladrillos, y las fuerzas de seguridad, que han usado masivamente gases lacrimógenos y balas de goma.
El gobierno chino acusó de terrorismo a los manifestantes, mientras crecía la amenaza de una intervención de China.
En ese contexto, y como respuesta, el domingo pasado fue organizada una gran marcha pacífica, que congregó a 1,7 millones de personas según sus organizadores.
Los manifestantes tienen cinco demandas fundamentales, entre ellas, además del abandono total del proyecto de extradiciones, la dimisión de la jefa del ejecutivo local Carrie Lam y la apertura de una investigación sobre el uso de la fuerza policial.
Bajo el modelo “Un país, dos sistemas”, el régimen chino se comprometió a salvaguardar su autonomía y a respetar una serie de libertades de las que no gozan los ciudadanos de la China continental hasta 2047.