WASHINGTON (AFP). “El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios”, sentenciaron los expertos de la OEA en su informe final después de que las denuncias de irregularidades en el proceso llevaron al presidente boliviano Evo Morales a renunciar, el 10 de noviembre, tras perder el respaldo de los militares y policías en medio de una intensa agitación social.
Los especialistas señalan en el texto que el margen de victoria en primera vuelta, en la que se impuso Morales, es “mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas”. “A partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, sentenciaron.
El equipo de auditores denunció además la alteración de actas y el redireccionamiento del flujo de los datos del proceso a dos servidores ocultos que no estaban controlados por el personal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que permitía “la manipulación de datos y la suplantación de actas”. También denunciaron la “parcialidad de la autoridad electoral”.
Las elecciones del 20 de octubre último desataron la peor crisis política en Bolivia en más tres lustros. La oposición boliviana denunció fraude luego de una detención del conteo de votos por casi un día que cambió la tendencia, situación que desató una ola de protestas y enfrentamientos que dejaron 33 muertos y centenares de heridos.
Según los resultados finales emitidos el viernes 25 de octubre, Morales fue declarado ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos, frente a 36,51% para el opositor Carlos Mesa. La ley boliviana prevé un balotaje si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos o un 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su escolta. Entonces, la auditoría preliminar de la OEA dio cuenta de “irregularidades” que ameritaban una nueva votación.
Morales, quien se refugió en México y fue reemplazado provisionalmente por la senadora de derecha Jeanine Áñez, denunció un “golpe de Estado”.
Morales, el primer mandatario indígena de Bolivia, había perdido en febrero de 2016 un referendo para habilitar su reelección. Pero el Tribunal Constitucional lo habilitó luego a postularse nuevamente alegando que era un derecho humano.
Tras la anulación de las elecciones, el Congreso aprobó la semana pasada el reglamento para la designación de un nuevo Tribunal Superior Electoral, que una vez conformado deberá convocar los nuevos comicios en un plazo de 48 horas.
Pese a su naturaleza provisoria, el gobierno interino de Áñez, que debe entregar las riendas del país a un nuevo presidente surgido de elecciones que deben celebrarse en los próximos meses, inició un cambio en las política exterior del país.
Nombró por primera vez en una década a un embajador en Estados Unidos y se distanció de Cuba y Venezuela, aliados políticos de Morales, al expulsar a 725 médicos cubanos y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras romper relaciones con Nicolás Maduro.
Por otra parte, el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman, dijo ayer que no hubo un golpe de Estado en Bolivia y que ninguno de los altos mandos castrenses “fueron obligados” a sugerir la renuncia de Evo Morales, pues fue una decisión que tomaron conjuntamente según la ley.