El juez Celso de Mello dio a últimas horas del lunes un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, un exjuez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno.
Las conclusiones, que deben ser entregadas al fiscal general de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.
Según Celso de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República” parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”, lo que permite la investigación del mandatario.
El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.
En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro por delitos comunes, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar que la investigación sea llevada a cabo por el STF, con la separación del mandatario del cargo por lo menos hasta que se emita el fallo.
Este procedimiento difiere del impeachment (considerado un juicio político por “crímenes de responsabilidad” en el cumplimiento de sus funciones), que aprueba la Cámara de Diputados pero que lleva a cabo el Senado, tal como ocurrió con la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff en 2016.
En 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer por supuestos crímenes comunes, pero las solicitudes fueron rechazadas por la Cámara.