Montanaro señaló que el proyecto en estudio no especifica cuáles son los criterios de excelencia ni cuáles son los parámetros a tener en cuenta sobre este punto específico.
“Yo creo que una colegiatura debe precautelar la calidad del profesional. Un control de calidad porque las universidades tiran al mercado un montón de “profesionales”, pero la calidad es mala”, expresó.
Remarcó que la necesidad de controlar a calidad, pues en manos de abogados están el honor, la libertad y los bienes de las personas.
Agregó que la potestad sancionatoria debe permanecer a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que también es la que podría disponer una eventual intervención y no el Ejecutivo, como prevé el proyecto.