El supuesto documento contaba con dos firmas, una de la juez Cinthia Garcete y otra de la actuaria Nancy Cabrera, ambas presuntamente falsificadas. Igualmente consignaron que la abogada del uniformado era Nilda Benítez, supuestamente con el único fin de incriminarla, por haber denunciado a tres jueces que terminaron enjuiciados y suspendidos de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Los magistrados suspendidos son Isidro González, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López, quienes habían dado liberad a otro policía que estaba condenado a diez años de cárcel por el abuso contra una niña, su hijastra.
Cuando la juez Garcete se enteró de la resolución con su firma falsa, acudió al Ministerio Público. La investigación quedó en manos de la agente fiscal Estela Mary Ramírez, quien coincidentemente en su momento fue la abogada del uniformado que iba a ser beneficiado con el documento judicial falso.
Copias del expediente confirman que cuando la fiscal era una abogada independiente, ejercía la defensa de José Vidal Rolón Franco. La fiscal se excusó afirmando que solo lo asistió en una ocasión, durante su declaración indagatoria. Además dijo que no es motivo para apartarse del proceso. Los defensores del policía le habían recusado y la causa ahora está en la fiscalía adjunta.
Tras llevarse el documento de la Dirección de Policía, Ramírez había anunciado que allanaría la casa de la abogada Nilda Benítez, esto pese a que no firmó el documento y tampoco tuvo alguna intervención en la causa, según afirmó.
Otra conexión llamativa es que el secretario fiscal de Estela Mary Ramírez es Osvaldo Amarilla, hijo del juez Aniceto Amarilla, uno de los jueces enjuiciados debido a la denuncia de la abogada Nilda Benítez.
Igualmente, el juez González sería muy cercano a la fiscal Ramírez, según datos del entorno de la agente.
En tanto, la juez Garcete, quien denunció la falsificación de su firma, también había sido denunciada por Benítez, pues como juez de garantía estaba a cargo del proceso del policía abusador, el cual se prolongó de forma excesiva por su demora, según los informes recibidos.
Esas conexiones habrían sido utilizadas para “inventar” el proceso penal contra la abogada Benítez y allanar su residencia.
La jurista presentó una denuncia por persecución de inocente contra la fiscal Ramírez y solicitó al fiscal adjunto Edgar Moreno que se realicen cruces de llamadas del día del allanamiento de la Dirección de Policía a fin de determinar quiénes estaban detrás del pedido de allanamiento de su casa.
Igualmente, Benítez ayer recurrió a la Fiscalía General del Estado para exigir que el expediente sea auditado y se esclarezca su supuesta vinculación en la causa.