La mujer señalo que la sentencia es incluso contradictoria pues hace lugar a la denuncia, pero levanta las medidas de protección.
Exclusión de hogar, prohibición de maltratar tanto física como psicólogicamente o por cualquier medio de comunicación, prohibición de acercamiento y de vender, regalar, donar y transferir bienes son las medidas que quedaron sin efecto.
“Entre las diligencias que quedaron pendientes de realización son pedidos de informe a la Cámara Compensadora, porque él vació las cuentas y luego las cerró; se había vendido una tropa de animales así que había buena plata, en una había G. 400 millones y en las otras menos. Tampoco pidió informe a Senacsa” , relató.
Comentó que ante la decisión de la jueza de paz –que ahora es objeto de estudio por la jueza en lo civil Karen González– se vio obligada a mudarse a las apuradas a un departamento.
“A mí lo que me preocupa es que cuando nosotras nos animamos a procurar tener una vida más digna y de repente la justicia hace letra muerta de la ley. Una jueza por desconocimiento o no sé por que, hace esta aberración de resolución y me deja en esta situación, con el Jesús en la boca”, resaltó.
“Y si yo no hubiese tenido ese pequeño trabajo, ¿qué me esperaría? Ahora tengo que recorrer por diferentes calles, salir más temprano o más tarde, doy vueltas para ver si no está, cambio de itinerario, vivo con miedo. No puede ser que el gobierno esté haciendo campañas “Ni una menos”. todos dicen “mujer, merecés una vida digna” y después viene una jueza y hace esto. ¿Cuántos casos de esos ella tiene al día?”, acotó.