No se dio a conocer que el CM haya renunciado a parte de su presupuesto para que sea destinado en la lucha contra el covid-19.
El Consejo de la Magistratura (CM), que preside el diputado colorado Roberto Eudez González, propuso y se aprobó en la sesión virtual del lunes de la semana pasada, la contratación del seguro médico con la firma Santa Clara, que ofrece su servicio a través del Sanatorio Británico.
La contratación fue como derivación de la Convocatoria de la licitación N° 376375 - Sobre Servicios de Medicina Prepaga, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En la licitación, la única oferente fue Santa Clara, que aceptó el pago de los G. 1.000.000 por cada funcionario del Consejo, de forma mensual.
El seguro médico contratado por el Consejo de la Magistratura es para un máximo de 155 funcionarios de la institución, por los que se pagarán G. 155 millones mensual. También son beneficiarios los ocho consejeros.
La cobertura médica se extiende a la esposa e hijos del funcionario casado, y en caso de ser soltero, a los padres, según lo que dispone el contrato. Es así que el Consejo de la Magistratura debe desembolsar un total de G. 1.860 millones este año por el contrato a favor de la firma Santa Clara SA, para la cobertura médica.
El año pasado, el seguro médico estuvo a cargo de Salud Protegida, firma contra la cual se tuvo muchas quejas porque los funcionarios debían realizar múltiples trámites burocráticos para la atención, porque la empresa no contaba con sanatorio propio, según explicaron.
A diferencia de otras instituciones del Estado, el Consejo de la Magistratura no ha redireccionado parte de su presupuesto hacia el Ministerio de Salud, para que sea utilizado en la lucha en la mitigación de efectos del coronavirus.
Por ley nacional, el límite que se puede pagar por el servicio de seguro médico es de G. 1.000.000. Así se dispuso para evitar desigualdades entre los funcionarios asegurados del Estado.
Por ejemplo, los ministros de Corte tenían una cobertura de salud de G. 3.600.000 mensuales, mientras que los funcionarios de este poder del Estado tenían un seguro de hasta G. 600.000.
Los contribuyentes son los que finalmente deben absorber los multimillonarios costos que representan los pagos de seguros médicos, mientras el ciudadano común tiene que hacer uso de un servicio sanitario por demás deficiente que no llega a cubrir las mínimas necesidades.
Antecedentes del tope
El Poder Ejecutivo a través del Decreto 1145/19 reglamentó el Presupuesto General de la Nación (PGN), en el que se establecen los mecanismos administrativos y lineamientos generales para la ejecución del gasto público. De acuerdo con el Decreto de la Presidencia de la República, las entidades públicas en sus procesos de contratación de seguros médicos deberán adecuarse al nuevo tope fijado en el límite de G. 1.000.000 por cada funcionario, de forma mensual.