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Durante la dictadura stronista el capitán de infantería Hernán Falcón sufrió torturas en prisión durante 15 años, tras ser acusado de estar implicado en la muerte del cadete Anastacio Benítez (1962).
La Cámara integrada por María Mercedes Buongermini, Neri Villalba y María Sol Zuccolillo declaró la prescripción de la causa, tras revocar una resolución dictada el 7 de junio del 2013, por la jueza Julia Alonso, que rechazó la excepción de prescripción presentada por el entonces procurador Roberto Moreno y el procurador adjunto Daniel Rodríguez.
En ocasión de plantear la prescripción, los representantes del Estado paraguayo destacaron que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad previstos por la legislación es únicamente para el ámbito penal, no así en lo civil.
En consecuencia, una vez derrocada la dictadura, la víctima tenía dos años para accionar y sin embargo, lo hizo 23 años después (el 8 de junio del 2012).
“El propio inicio del plazo habría quedado suspendido cuando menos hasta el golpe del 3 de febrero de 1989 o incluso, si se quiere, hasta el día 20 de junio de 1992, en el cual se sanciona la nueva Constitución Nacional y comienza el nuevo régimen democrático (...). En este inteligencia, el cómputo principiado en aquella fecha había llegado a término para el día 20 de junio de 1994, con lo que se habría operado la prescripción”, argumentó la camarista Buongermini.
El procurador adjunto Rodríguez destacó que Nancy Falcón ya había sido indemnizada por la Defensoría del Pueblo con 2.500 jornales (190 millones de guaraníes) y que ahora pretendía cobrar más de G. 9.000 millones (G. 3.000 millones de capital y G. 6.480.000.000 de intereses).
Asimismo, en un juicio anterior, el Estado paraguayo fue condenado a pagar G. 500 millones en concepto de indemnización por daño moral a la viuda del Cap. Falcón, Blanca Azambuja, y su hija Nancy Gloria Falcón.