indemnización

SAN IGNACIO, Misiones. Eliseo Quiroz, oriundo de la comunidad de San Javier, compañía de este distrito, denunció ante la fiscalía un supuesto hecho de estafa que ocurrió en el 2020. A su nombre se cobro de G. 170 millones en concepto de indemnización abonada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por la afectación de un sector de su propiedad por donde cruza la línea de 500 kV, que va desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ayolas, hasta Villa Hayes.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que abrieron una auditoría interna para analizar el procedimiento y los documentos por los cuales se entregaron dos cheques de G. 400 millones a los ahora imputados por el caso de apropiación, lesión de confianza y estafa. Sobre su fotografía con tres de los cuatro sospechosos, argumentó que ellos solicitaron audiencia con él y que constantemente recibe a gente en su despacho. Además, confirmó que ya conocía a Anadelia Acosta Armoa, pues anteriormente acudió a la institución para hacer otros trámites para su comunidad.

Un video de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF) muestra al abogado Darío Flores aparentemente efectivizando un cheque de indemnización por unos 400 millones de guaraníes. También existió otro cheque del mismo valor; ambos estaban destinados a dos familias que perdieron a sus seres queridos. La Fiscalía ya imputó a cuatro personas por apropiación, estafa y lesión de confianza.

Anadelia Acosta Armoa es una de las principales sindicadas por el despojo de G. 725 millones de una indemnización que debían recibir dos familias de víctimas fatales de un accidente por un cable de la ANDE. La mujer dice ser abogada, pero no se encuentran datos de su título; además, es funcionaria del Congreso Nacional, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales. Coincidentemente con las fechas de la millonaria apropiación, se compró un Kia Sportage cero km. Ella y los otros implicados están intentando “devolver” solo G. 200 millones del total sustraído, pero la Fiscalía ya adelanta imputación para al menos 8 personas que forman parte del esquema.

En agosto pasado, dos vecinos perdieron la vida por una electrocución en el ejercicio de sus labores en la localidad de Caaguazú. La institución destinó una millonaria indemnización de G. 400 millones para cada familia, pero juntas solo recibieron G. 80 millones, luego de haber sido víctimas de abogados que se aprovecharon de su analfabetismo. La Fiscalía investiga la participación de al menos ocho personas en este esquema de apropiación.