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“Es decir, la tarea jurisdiccional debe estar en primer lugar. No decimos que las cuestiones administrativas no tengan que ser atendidas, pero debe priorizarse la tarea jurisdiccional, y parte de esa prioridad son los emolumentos mejores a los que fungen esa función”, expresó.
“A pesar de la legalidad, pero hay gastos superfluos que deben ser eliminados”, dijo, tras recordar que pese a reiterados pedidos a la Corte, no lograron participar en la elaboración del presupuesto.