Hace unos días, la administración comunal recibió unos G. 1.700 millones en concepto de royalties de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pero se niega rotundamente a informar a la corporación legislativa el monto exacto recibido y en qué será invertido dicho dinero.
Los ediles, que ya le retiraron la confianza al jefe comunal, exigieron esta semana un informe detallado, el extracto del monto recibido y proyectos en los que será invertido ese dinero para realizar la ampliación presupuestaria, pero Mendoza, como ya es acostumbra, se niega a la transparencia.
Ante la negativa del intendente de informar sobre los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda, existen sobradas sospechas de que ya utilizó el dinero sin la autorización de la corporación legislativa.
La administración de Mendoza viola constantemente las leyes que regulan el uso de los recursos públicos. La mayoría de las obras la realiza mediante contrataciones directas y existen denuncias de supuestas sobrefacturaciones de varias de ellas.
Llamativamente, dos empresas acaparan las obras en la ciudad: Fenar, de Nery Rumich, y Construsur, de Gloria Patricia Cantero, esposa del controvertido diputado liberal Sergio Rojas. Rumich, solo el año pasado se llevó más de G. 7.000 millones y Cantero de Rojas más de G. 2.000 millones.
El vito del dinero público en la Municipalidad es grosero, mientras que la ciudad de cae a pedazos; las calles están minadas de baches, las veredas y avenidas infestadas de basura.
El intendente se encuentra imputado justamente por lesión de confianza, debido a la supuesta sobrefacturación de obras por más de G. 1.200 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
También en la Cámara de Diputados obra un pedido de intervención de la Municipalidad de San Antonio, que se espera sea aprobado y no haya sido incluido en “acuerdos” llano-cartistas.