Lo acontecido en los últimos días es un buen indicativo del nivel de violencia e intolerancia que enfrenta a dos sectores de la comunidad, y en medio, un grupo de adolescentes protagonistas de una protesta ciudadana que muchos adultos no se animan a asumir.
En una actitud que podríamos calificar como extrema, los estudiantes decidieron “tomar” la sede de la Municipalidad en demanda de respuestas a un reclamo puntual de intervención de la Comuna por el Ministerio de Interior.
La respuesta del intendente Chávez estuvo bien lejos de la que debería tomar un estadista: en lugar de recurrir a los resortes legales, que los tiene, desató sus perros de caza, los “hurreros” incondicionales, para forzar una salida por la vía de la violencia.
Los “seguidores” sitiaron la sede municipal, cortaron la electricidad, el agua, arrojaron huevos podridos, piedras, bombas de estruendo, amenazaron con atropellar el local y sacar a golpes, y hasta amenazaron con incendiar la Municipalidad con los jóvenes adentro.
Para la lógica primitiva del intendente Chávez y sus asesores, el problema pasa por quién tiene más fuerza y es más violento para ganar la pulseada.
El problema del jefe comunal, sin embargo, no se resuelve con convocar patotas y más bien tendrá la solución aclarando a la ciudadanía y la justicia el destino de más de G. 1.000 millones, dinero del pueblo cuya administración le fue confiada.
Eso es lo que consta en una denuncia de la Contraloría General de la República (CGR) ante el Ministerio Público, del 13 de noviembre pasado, y que ahora el fiscal Jorge Arce Rolandi debe investigar.
Cuando se violan principios elementales en la administración de la cosa pública, como la transparencia, se pierde legitimidad y el respeto de la gente. Y esa autoridad no se recupera con la fuerza bruta ni la compra de lealtades. El caso de Mayor Otaño es un ejemplo a tener en cuenta.